Tras tres aplazamientos, Fiscalía inicia imputación contra Ricardo Roa por topes de campaña Petro

¿Qué viene ahora en el proceso judicial tras la audiencia de imputación?

La Fiscalía General de la Nación inició este viernes la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por el delito de violación de topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La diligencia se desarrolla de manera virtual ante los juzgados de Paloquemao, luego de dos aplazamientos previos atribuidos a problemas de conectividad y compromisos académicos de la defensa. Roa se desempeñó como gerente de la campaña “Petro Presidente”, lo que le otorgaba facultades para autorizar compras, aprobar gastos, ordenar movimientos de dinero y decidir la destinación de los recursos, según explicó el fiscal delegado Elkin Ardila.

El proceso judicial se origina en la investigación por la presunta superación de los límites de gasto permitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones de 2022. De acuerdo con la resolución 0694 de ese año, la campaña podía gastar hasta 28.536 millones de pesos en primera vuelta y 13.347 millones en segunda. Sin embargo, el fiscal Ardila señaló durante la audiencia que “bajo esa condición, la campaña habría ejecutado gastos reales por un valor de 29.924 millones de pesos, suma que superó el límite máximo que era de 28.536 millones fijados para la primera vuelta, generando un exceso de 1.388 millones de pesos”. Agregó que en el aplicativo Cuentas Claras solo se reportaron 28.384 millones, una cifra que no refleja el gasto real.

La Fiscalía identificó al menos diez eventos económicos que no fueron reportados o que lo fueron parcialmente ante el CNE. Entre ellos figuran pagos a Mi Colombia Travel SAS por 27 millones de pesos no declarados, correspondientes a una rueda de prensa en el hotel Marriott y un desayuno en el hotel Tequendama. También se mencionó un préstamo del Polo Democrático Alternativo por 500 millones de pesos que, según el fiscal, “debía estar reflejado en la rendición de cuentas por corresponder a recursos administrados dentro de la campaña, y no se hizo de esa manera”. Otros rubros incluyen 292 millones de pesos de la Unión Sindical Obrera (USO) para actividades proselitistas, y 222 millones de pesos pagados a Cinema Color SAS por servicios audiovisuales, de los cuales solo se reportaron 115 millones.

El Consejo Nacional Electoral ya había sancionado a la campaña de Petro en una votación de 6 a 3, al concluir que se violaron los topes de gasto en 3.042 millones de pesos y se ocultaron 3.698 millones adicionales. La ponencia aprobada desglosó que en primera vuelta no se reportaron 2.611 millones, de los cuales 2.459 millones vulneraron el límite legal, mientras que en segunda vuelta la cifra no reportada ascendió a 1.087 millones, con 583 millones por encima del tope. Como resultado, el CNE impuso multas por 5.922 millones de pesos a Ricardo Roa, a la auditora María Lucy Soto y a la tesorera Lucy Mogollón.

La audiencia de este viernes representa la primera vez que la Fiscalía imputa cargos a un gerente de campaña presidencial por este delito, relativamente nuevo en el ordenamiento penal colombiano. El fiscal Ardila detalló que Roa formalizó su vinculación a la campaña el 25 de marzo de 2022 mediante un contrato de prestación de servicios, lo que le permitía manejar las cuentas, presentar informes al CNE y operar la cuenta única de recaudo. “Durante la primera vuelta y bajo la gerencia suya se habrían identificado gastos, pagos, servicios y hechos económicos de campaña por 1.193 millones de pesos que no fueron reportados, o que fueron reportados parcialmente”, sostuvo el fiscal.

Paralelamente, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes adelanta su propia indagación sobre la financiación de la campaña presidencial, aunque reportes recientes indican una tendencia hacia la exoneración de responsabilidad directa del presidente Gustavo Petro. Roa, por su parte, se encuentra actualmente en un periodo de vacaciones que solicitó junto a una licencia no remunerada de la presidencia de Ecopetrol, vigente hasta finales de junio. La defensa del funcionario, a cargo del abogado Juan David León, había justificado la inasistencia a la audiencia del 8 de abril por compromisos académicos, lo que motivó a la Fiscalía a solicitar que no se permitieran nuevos aplazamientos por problemas técnicos o de conectividad.

Juan Joya