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El Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, anunciaron nuevos avances dentro del denominado Espacio de Conversación Sociojurídico (ECSJ), tras confirmar la creación de zonas de ubicación temporal para integrantes de esa estructura armada ilegal.
De acuerdo con el comunicado conjunto, más de 400 combatientes ingresarán a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, a partir del próximo 25 de junio de 2026, como parte del proceso impulsado por la política de paz total del Gobierno.
El anuncio fue respaldado además por el grupo de países mediadores, la Conferencia Episcopal de Colombia, el Consejo Mundial de Iglesias, la MAPP-OEA, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa, entidades que han acompañado las conversaciones y la verificación del proceso.
Más de 400 integrantes del Clan del Golfo serán trasladados a zonas temporales
Según el documento divulgado por las partes, las ZUT funcionarán como espacios de ubicación temporal bajo supervisión institucional e internacional, mientras avanzan las labores relacionadas con el proceso sociojurídico de paz.
El comunicado detalla que el traslado de los integrantes del grupo armado incluirá fases pedagógicas y preparativas previas al ingreso formal previsto para el 25 de junio de 2026.
Además, las delegaciones señalaron que los grupos de trabajo continuarán desarrollando “las labores necesarias para implementar y desarrollar los compromisos y protocolos aplicables a este proceso”.
Suspensión de órdenes de captura genera polémica
Uno de los puntos que más controversia ha generado es el relacionado con la suspensión de órdenes de captura para facilitar el traslado de los integrantes del Clan del Golfo hacia las zonas de ubicación temporal.
El documento precisa que el tránsito hacia las ZUT contará con “los efectos jurídicos establecidos en la Ley 2272 de 2022 sobre la suspensión de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición”.
La medida ha despertado fuertes cuestionamientos debido a que dentro de los beneficiados aparece alias ‘Chiquito Malo’, considerado uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo y solicitado por Estados Unidos con fines de extradición.
Desde el Ejecutivo insistieron en que estas decisiones hacen parte de los mecanismos jurídicos contemplados en la política de paz total y aclararon que la suspensión temporal de las órdenes no implica impunidad ni el cierre de procesos judiciales.
Otty Patiño defendió la decisión del Gobierno
El alto consejero para la Paz, Otty Patiño, respaldó públicamente la determinación del Gobierno y sostuvo que las decisiones sobre los procesos de paz corresponden exclusivamente al Estado colombiano.
Durante declaraciones entregadas a medios nacionales, el funcionario aseguró que, aunque las posiciones de Estados Unidos deben ser escuchadas, “esas voces no pueden estar por encima de la soberanía nacional y, sobre todo, de los intereses de la paz”.
Patiño enfatizó además que el presidente de la República es quien tiene la autoridad para liderar las decisiones relacionadas con los diálogos y mecanismos de sometimiento o negociación con grupos armados.
Piden no usar el proceso con fines electorales
En el comunicado conjunto, las partes hicieron también un llamado para evitar que el proceso sea utilizado políticamente en medio del ambiente preelectoral que atraviesa el país.
“Como sociedad cuidemos los esfuerzos de paz, impidamos su instrumentalización con fines electorales y respetemos los compromisos de reserva”, señala el documento divulgado tras las reuniones.
Finalmente, las delegaciones reiteraron que la construcción de confianza y la búsqueda de soluciones dialogadas frente a las violencias requieren mantener los compromisos adquiridos y garantizar el acompañamiento institucional e internacional durante las próximas fases del proceso.
Sala Digital Colmundi
