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22 julio, 2026
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22 julio, 2026La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer señalada de presuntamente estafar a ocho personas mediante la comercialización de vehículos en Bucaramanga, en un caso que habría dejado pérdidas superiores a 600 millones de pesos. La procesada habría recibido los automotores con la promesa de venderlos, pero las víctimas aseguran que nunca recibieron el dinero de las transacciones ni recuperaron sus bienes.
De acuerdo con la investigación, Diana Yusmery Castellanos Lemus, quien se desempeñaba como representante legal y vendedora de un concesionario en la capital santandereana, habría engañado a varios ciudadanos entre julio y noviembre de 2025 aprovechando la confianza que depositaron en ella para comercializar sus vehículos.
Las autoridades señalaron que las víctimas provenían de Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja, y decidieron entregar sus automotores al establecimiento bajo la promesa de que serían vendidos en condiciones favorables. Sin embargo, según la Fiscalía, ninguno recibió el dinero correspondiente a las ventas y tampoco les fueron devueltos los vehículos.
El proceso investigativo permitió establecer que las denuncias de ocho afectados coincidían en un mismo patrón de actuación, lo que facilitó consolidar el material probatorio y determinar que el perjuicio económico conjunto superaría los 600 millones de pesos.
Según la hipótesis del ente acusador, la procesada habría aprovechado que tenía la posesión de los vehículos para traspasarlos a terceros, sin entregar posteriormente a los propietarios los recursos obtenidos por las ventas. Esta modalidad habría sido utilizada de manera reiterada con diferentes víctimas.
Con base en las pruebas recopiladas, un fiscal de la Seccional Santander imputó a Castellanos Lemus el delito de estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo en ocho eventos, al considerar que los hechos presentan características similares y afectaron a varias personas.
Durante las audiencias preliminares, la mujer no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en lugar de residencia, mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía indicó que las investigaciones permitieron evidenciar un presunto esquema de engaño mediante el cual las víctimas confiaban sus vehículos para ser comercializados, pero posteriormente perdían contacto con el dinero producto de las ventas o con los propios automotores, situación que ahora es objeto del proceso penal.
Sala Digital Colmundo




