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5 mayo, 2026La controversia por la regulación de encuestas electorales en Colombia sigue escalando luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara que revisará la aplicación de la nueva normativa, tras las advertencias de varias firmas sobre la inviabilidad de operar bajo las condiciones actuales.
En medio del debate, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que el organismo convocará una revisión interna y técnica. El objetivo es analizar el impacto de la regulación y ofrecer garantías tanto a las encuestadoras como a la ciudadanía.
El funcionario reconoció la preocupación del sector y explicó que el tema será discutido en sala plena, donde se buscará emitir un pronunciamiento oficial y abrir un espacio de diálogo con las firmas encuestadoras. En ese sentido, afirmó que “se sentará una mesa técnica con todas las encuestadoras” para aclarar lo que está ocurriendo.
La polémica se intensificó tras la decisión de la firma española GAD3 de suspender la publicación de encuestas en Colombia. La compañía argumentó que la interpretación de la Ley 2494 de 2025 hace inviable la realización de estudios bajo estándares técnicos adecuados, especialmente por la exigencia de demostrar que cada ciudadano tiene una “probabilidad cierta y cuantificable” de ser seleccionado.
En su comunicado, la firma advirtió que prefiere detener sus actividades antes que comprometer su rigor técnico y reputación, señalando además que la medida busca proteger su prestigio internacional, el de su cliente y el del propio CNE. Este pronunciamiento encendió las alarmas en el sector de investigación y opinión pública.
Frente a este panorama, Quiroz reiteró que la prioridad del organismo es garantizar transparencia y objetividad en la información electoral, al afirmar que “debemos asegurar que tanto las encuestadoras como los ciudadanos tengan resultados objetivos sobre lo que está pasando”.
Aunque el CNE está obligado a cumplir la ley aprobada por el Congreso, el presidente dejó abierta la posibilidad de revisar la aplicación práctica de la normativa para corregir posibles fallas. Según explicó, se evaluarán alternativas que permitan dar solución al problema sin afectar la transparencia del proceso electoral.
La discusión sobre las encuestas se da en un momento clave del calendario electoral, lo que incrementa la presión sobre las autoridades para equilibrar control, rigor técnico y acceso a la información, en medio de un ambiente político cada vez más sensible.




