Más de 500 días después, el alivio al 4×1000 no se aplica

¿Es un problema técnico o una decisión política lo que mantiene frenado el cambio?

A más de 500 días de la fecha en que debía entrar en vigencia el nuevo esquema del Gravamen a los Movimientos Financieros, el 4×1000 continúa operando bajo el modelo anterior , pese a que la reforma tributaria de 2022 estableció un cambio estructural en su cálculo. La norma dispuso que, desde el 13 de diciembre de 2024, el impuesto debía aplicarse sobre la suma total de movimientos de una persona en todas sus cuentas, eliminando la necesidad de marcar un único producto como exento. Sin embargo, ese ajuste no ha sido implementado y los usuarios siguen sujetos a un sistema que fragmenta el beneficio.

En la práctica, el modelo vigente mantiene una distorsión operativa para quienes manejan más de un producto financiero. Aunque la ley permite una exención hasta 350 Unidades de Valor Tributario mensuales, equivalentes a cerca de 18,3 millones de pesos en 2026, ese beneficio solo aplica a una cuenta marcada. Esto implica que cualquier movimiento en cuentas adicionales genera el cobro del impuesto, incluso si el total de transacciones del usuario no supera el umbral. La situación se replica en billeteras digitales, donde el límite es menor, de 210,5 UVT mensuales, lo que amplía el número de operaciones gravadas.

El impacto de esta estructura se ve reflejado tanto en el comportamiento financiero de los usuarios como en las finanzas públicas. El 4×1000 continúa siendo una fuente relevante de ingresos para la Nación, con recaudos por 16 billones de pesos en 2025 y 4,3 billones en el primer trimestre de 2026. Al mismo tiempo, el esquema actual incentiva la concentración de operaciones en una sola entidad, limita la diversificación de servicios y reduce la competencia entre actores del sistema financiero, al penalizar el uso simultáneo de múltiples cuentas.

Desde el sector financiero y tecnológico, la lectura del retraso apunta a factores distintos a la capacidad operativa. Voceros del gremio han señalado que la infraestructura necesaria para aplicar el nuevo modelo ya está disponible en la mayoría del sistema. Según esta visión, el principal obstáculo es la ausencia de una directriz clara que habilite la interoperabilidad entre los operadores encargados de consolidar la información transaccional. Esta falta de definición impide que las entidades dejen de aplicar el esquema actual sin exponerse a incumplimientos regulatorios.

“Si mañana el Ministerio de Hacienda y la Dian dicen ‘esto empieza el lunes’, el lunes esto está operativo”, afirmó Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, al insistir en que el problema no es técnico sino de articulación institucional. El gremio ha identificado que la integración entre los principales operadores del sistema no se ha activado precisamente por la falta de una instrucción formal que establezca las reglas de funcionamiento bajo el nuevo esquema.

En paralelo, desde el sector empresarial se han tomado medidas para visibilizar el impacto del retraso. “Tenemos una ley que no se está cumpliendo y eso me parece que es inaceptable”, señaló Marcela Torres, directora general de Nu Colombia, quien calificó el impuesto como un obstáculo para la digitalización de pagos. La entidad anunció el reembolso del 4×1000 para clientes que trasladen recursos a certificados de depósito a término entre el 5 y el 9 de mayo de 2026, en una acción que busca evidenciar el costo que asumen los usuarios mientras la norma no entra en operación.

El vacío operativo también ha generado tensiones en la responsabilidad sobre eventuales devoluciones del impuesto. De acuerdo con lo expuesto por el sector, la autoridad tributaria ha trasladado a las entidades financieras la carga de responder a solicitudes de reintegro, pese a que estas no cuentan con un sistema centralizado que les permita verificar el total de movimientos de un usuario en todo el sistema. Esta limitación ha derivado en acciones judiciales, aunque enfrentan el mismo obstáculo: sin un mecanismo unificado de información, no es posible determinar con precisión cuándo aplica la exención consolidada.

En términos económicos, el beneficio no implementado tiene un impacto directo sobre los usuarios. Se estima que una persona podría ahorrar hasta 800.000 pesos anuales bajo el nuevo esquema, una cifra que pesa ecuando una alta proporción de la población percibe ingresos inferiores a dos salarios mínimos. La demora en la aplicación de la norma mantiene ese ahorro en suspenso y prolonga un modelo que, pese a su efectividad recaudatoria, sigue generando efectos sobre el uso del sistema financiero.

Juan Joya