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La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) confirmó que no expedirá una nueva circular roja contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, decisión que marca un giro clave en el proceso judicial que enfrenta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). El exfuncionario, quien actualmente cuenta con asilo político en Nicaragua, podrá desplazarse sin restricciones internacionales, al no existir una orden de captura global en su contra.
La Fiscalía General de la Nación recibió la notificación a través de la Oficina de Interpol Colombia, que a su vez citó la respuesta oficial emitida desde la sede central en Lyon, Francia. En esta comunicación, se precisa que no habrá una nueva notificación internacional contra González, pese a que fue llamado a juicio como uno de los presuntos protagonistas del entramado de corrupción.
El argumento central de la decisión se fundamenta en los estatutos del organismo internacional. Interpol recordó que tiene “rigurosamente prohibido intervenir en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”, lo que, según su criterio, impide avanzar en este caso específico. Las autoridades aclararon que no hubo errores ni irregularidades en la solicitud de la Fiscalía, sino una limitación normativa del organismo.
La negativa implica que se detiene la posibilidad de ubicar y capturar a González en los más de 190 países miembros de Interpol, reduciendo el alcance de las acciones judiciales internacionales. En este contexto, Colombia se mantiene como el único territorio donde podría hacerse efectiva su captura, ya que sigue vigente la orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá.
En el proceso penal, la Fiscalía acusa a Carlos Ramón González de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, delitos que lo vinculan directamente con el presunto direccionamiento de contratos y pagos ilegales dentro de la UNGRD.
el entramado que lo vincula al escándalo
De acuerdo con el ente acusador, González habría sostenido una reunión en septiembre de 2023 con Olmedo López en el Palacio de Nariño, donde, en su calidad de director del Dapre, le habría ordenado direccionar contratos por 70.000 millones de pesos. Estos recursos, según la investigación, estaban destinados a beneficiar a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, a cambio de respaldo legislativo a iniciativas del Gobierno.
No obstante, la investigación avanzó hacia un esquema más directo de sobornos. La Fiscalía sostiene que, ante las exigencias de los congresistas, se modificó el acuerdo para entregar pagos en efectivo por 4.000 millones de pesos, suma que habría sido distribuida entre ambos dirigentes políticos, hoy capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia.
En el expediente, el fiscal del caso detalló que “debido a la premura con que los congresistas exigían los recursos”, se habría solicitado cambiar la oferta inicial por pagos en efectivo, estableciendo montos de 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones para Calle, provenientes de recursos de contratación de la UNGRD.
Finalmente, la Fiscalía también señala que González habría intervenido para evitar la salida de Olmedo López de la dirección de la entidad, pese a estar suspendido por la Contraloría. Este hecho es interpretado como una retribución por su papel en la ejecución de los sobornos, lo que agrava su situación judicial en medio de uno de los mayores escándalos recientes de corrupción en Colombia.
Humberto ‘Toto’ Torres
