Alcaldes del Caribe piden audiencia a la Corte Constitucional para salvar decreto de emergencia por frente frío

Los alcaldes de varias regiones del Caribe colombiano elevaron un llamado urgente a la Corte Constitucional para que escuche de primera mano la crisis que atraviesan sus territorios, en medio del análisis del Decreto 150 del 11 de febrero. La norma fue expedida por el Gobierno para enfrentar los estragos de un frente frío que dejó 10 muertos, más de 150.000 damnificados y millonarias pérdidas, especialmente en Montería y otros nueve departamentos.

El pronunciamiento fue liderado por el alcalde de Ayapel, Hugo Armando Pinedo, quien solicitó formalmente una audiencia ante el alto tribunal. “Nos dirigimos a la honorable Corte Constitucional (…) les pedimos una audiencia para que nos escuchen y conozcan la realidad de nuestros municipios”, expresó el mandatario, al advertir que la situación en las zonas afectadas sigue siendo crítica.

La principal preocupación de los mandatarios locales radica en que una eventual caída del decreto dejaría sin recursos a las regiones para su recuperación, lo que agravaría la emergencia social y económica. Pinedo insistió en que la decisión de la Corte será determinante para la reconstrucción de infraestructura, la reactivación económica y la seguridad alimentaria, aspectos que aún no han sido plenamente restablecidos.

En ese sentido, el alcalde hizo un llamado directo a los magistrados: “Hoy le imploramos (…) que mantengan en firme este decreto, que es la esperanza que tenemos para la reconstrucción de nuestro territorio”, subrayando que los recursos contemplados son fundamentales para atender a las más de 150.000 familias afectadas por las lluvias y el fenómeno climático.

Los alcaldes también reiteraron su solicitud de ser escuchados en audiencia, al considerar que sus testimonios pueden aportar elementos clave para la decisión judicial. “Queremos que conozcan la realidad de nuestros territorios (…) nosotros somos Colombia y también pedimos su atención”, añadió Pinedo, tras confirmar el envío de una carta formal al alto tribunal.

posturas divididas frente al decreto de emergencia

Mientras la Corte estudia la constitucionalidad del Decreto 150, diferentes sectores han expresado posiciones encontradas sobre su validez y necesidad. Por un lado, la Defensoría del Pueblo ha respaldado la declaratoria de emergencia, argumentando que los efectos del desastre siguen vigentes y requieren medidas excepcionales para evitar un mayor deterioro social.

En contraste, gremios como la ANDI solicitaron el 28 de abril de 2026 que el decreto sea declarado inconstitucional. Según su postura, el fenómeno climático era previsible, lo que cuestionaría la legalidad de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno.

situación actual del decreto

Actualmente, el Decreto 150 sigue vigente en términos generales, aunque con decisiones provisionales adoptadas por la Corte Constitucional. El pasado 29 de abril de 2026, el tribunal ordenó una suspensión parcial y selectiva de algunas medidas, entre ellas el cobro de la segunda cuota del impuesto al patrimonio, pero únicamente para fundaciones, ONG y ciertas entidades sin ánimo de lucro.

El futuro del decreto será clave para determinar el rumbo de la reconstrucción en el Caribe colombiano, en un contexto donde miles de familias aún esperan soluciones estructurales. La decisión final de la Corte no solo definirá la legalidad del mecanismo, sino también la capacidad del Estado para responder a una de las emergencias climáticas más graves recientes en la región.

Sala Digital colmundo