El billonario contrato de los pasaportes que enfrenta al Gobierno, la Procuraduría y un tribunal

¿Está Colombia construyendo soberanía documental o solo cambiando un operador por otro?

La Imprenta Nacional de Colombia (INC) y la Casa de la Moneda de Portugal enfrentan dos demandas judiciales que buscan tumbar el contrato de 1,3 billones de pesos para la producción y expedición de pasaportes, en un caso que ha escalado al ámbito político con advertencias del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto riesgo de fraude electoral. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia actualmente dos recursos clave, mientras la entidad portuguesa advierte que no existe un plan sustituto en caso de suspensión del modelo.

Los hechos. El nuevo esquema de pasaportes fue impulsado por el presidente Petro para reemplazar a la empresa Thomas Greg & Sons, que durante años tuvo a su cargo el servicio. El mandatario logró excluir a esa compañía del proceso, pese a que cumplía con los requisitos para renovar el contrato. En su reemplazo, el Gobierno suscribió un convenio de cooperación internacional con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, entidad pública lusa. El cambio desató investigaciones judiciales y disciplinarias, incluyendo un proceso en la Corte Suprema contra el excanciller Álvaro Leyva y pesquisas de la Procuraduría contra varios exfuncionarios.

Las demandas. La primera demanda fue interpuesta por Nicolás Dupont ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo la ponencia del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón. El demandante cuestiona la legalidad del proceso y pide suspender el convenio. La segunda fue radicada por la Procuraduría General de la Nación y está a cargo del magistrado José Élver Muñoz. El Ministerio Público sostiene que el contrato incumple requisitos de financiación, ya que las entidades involucradas habrían aportado solo el 21 % del valor total, por debajo del 50 % exigido.

La posición de Portugal. El 21 de abril de 2026, la Casa de la Moneda de Portugal intervino en el proceso a través de su abogado Felipe de Vivero Arciniegas. La entidad defendió la legalidad del convenio y advirtió riesgos en caso de suspensión. “Conceder la medida cautelar pone en verdadero riesgo el servicio”, señala el documento, al insistir en que no existe un plan alternativo. Además, calificó los argumentos del demandante como “meras conjeturas”.

La posición de la Imprenta Nacional. La entidad colombiana rechazó lo que denominó “lecturas incompletas” del proyecto. Aseguró que no se trata de un contrato tradicional, sino de una cooperación internacional para transferir capacidades al Estado en materia de documentos de alta seguridad. La Imprenta informó que ya se produjeron 1.500 muestras como parte de una fase técnica y aclaró que no están destinadas al público. También defendió la reserva de información sensible, señalando que “la transparencia no implica divulgar datos que deben permanecer protegidos”.

La posición del presidente Petro. El 26 de abril de 2026, el mandatario defendió el contrato en su cuenta de X y vinculó su posible anulación con la transparencia electoral. Sugirió que detrás de una eventual suspensión podría haber intereses relacionados con el software de escrutinio, aunque no presentó pruebas públicas. “Si anulan el contrato… es porque hubo una negociación”, afirmó, elevando el debate al plano político.

El debate de fondo. La Imprenta Nacional sostiene que el modelo no puede analizarse como una simple contratación de impresión. El Gobierno defiende que se trata de un paso hacia la soberanía documental, con transferencia de tecnología y conocimiento. Según la entidad, los esquemas anteriores mantenían una dependencia de operadores privados, lo que este nuevo modelo busca superar mediante una transición progresiva.

Qué sigue. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá decidir si concede o no las medidas cautelares. Una eventual suspensión dejaría sin plan alternativo la expedición de pasaportes, afectando a millones de colombianos. Si se mantiene el contrato, el Gobierno avanzará en su modelo, aunque bajo la presión de investigaciones en curso. La decisión se espera en las próximas semanas.

Juan Joya