Gobernador de Santander anuncia acuerdo: IGAC revisará avalúos y espera levantar bloqueos

¿Es justo que un campesino con un predio de 200 millones de pesos termine pagando impuestos como si fuera un terrateniente de 2.200 millones?

Tras seis días de bloqueos viales en Santander, Norte de Santander y Boyacá, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó en la madrugada de este martes un acuerdo preliminar con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para revisar los avalúos catastrales que han generado incrementos desproporcionados en el impuesto predial rural. Las manifestaciones, protagonizadas por campesinos y propietarios de predios pequeños, surgieron por la actualización catastral realizada por el IGAC, la cual en algunos casos elevó el valor de los terrenos hasta en 9.900 %, como ocurrió en la zona geoeconómica código 18 del municipio de Lebrija, según tablas oficiales. El gobernador Díaz Mateus informó que uno de los compromisos centrales es la revisión exhaustiva de los casos considerados excesivos, especialmente en predios que no son productivos ni corresponden a grandes terratenientes.

“El director del IGAC firma una resolución para autorizar al IGAC regional a un delegado que tiene en Santander para hacer la revisión de los ajustes a los avalúos catastrales en los municipios que tienen problemas en el departamento de Santander”, explicó el gobernador en una entrevista radial. Como ejemplo, mencionó el caso de un predio en Lebrija que pasó de valer 200 millones de pesos a 2.200 millones de pesos. Con el ajuste acordado, ese mismo inmueble quedaría tasado en 700 millones de pesos, una cifra que el propietario aceptó como justa y pagable. La metodología acordada implica que los líderes de la protesta viajarán a Bucaramanga a las 8:00 a. m. para reunirse con el secretario de Planeación y el director regional del IGAC, e iniciar la revisión municipio por municipio.

Por su parte, el director del IGAC, Gustavo Marulanda Morales, ratificó el compromiso de la entidad de adelantar una revisión integral en los territorios con mayores inconformidades. “Hemos expedido una resolución desde el IGAC nacional para autorizar a los directores territoriales precisamente para que puedan hacer estas mesas de trabajo y realizar los ajustes correspondientes”, afirmó Marulanda. El funcionario precisó que este proceso permitirá verificar que la liquidación del impuesto predial cumpla con la normativa vigente, así como proponer ajustes que garanticen criterios de gradualidad y progresividad en el cobro. Según el director, el IGAC ya había realizado ajustes similares en municipios como Palmas, Barichara, San Gil y Concepción, y ahora extenderá la medida a las zonas en conflicto.

El gobernador Díaz entregó un dato clave para dimensionar el alcance de la protesta: en Santander existen 179.000 predios rurales. “El 80 % de esos predios vale menos de 100 millones de pesos y van a quedar así en el avalúo, y el 90 % vale menos de 200 millones de pesos. Ese 10 % es el que vamos a revisar con los alcaldes, con los propietarios y con el IGAC”, detalló. Es decir, el foco estará en cerca de 17.900 predios cuyos avalúos se dispararon por encima de lo razonable. El mandatario aclaró que el problema no es tanto el impuesto predial del primer año —que por norma no puede aumentar más del 50 %—, sino la proyección a futuro: un avalúo elevado puede volver el impuesto impagable en pocos años y aumentar costos notariales.

Sin embargo, no todos los departamentos avanzan al mismo ritmo. En Casanare, el paro campesino entró este martes en su sexto día consecutivo, con la vía Marginal del Llano completamente bloqueada. Los manifestantes solo permiten aperturas temporales de una hora, lo que afecta la movilidad y la economía regional. El líder de la protesta, Pedro Ruiz, explicó que “necesitan que el presidente, alcaldes y gobernadores se pongan de acuerdo para solucionar el problema de los avalúos catastrales”. Recalcó que no son terratenientes y que el aumento de impuestos pone en riesgo sus viviendas.

En Casanare, los transportadores también alzaron la voz por las afectaciones económicas. Gustavo Salamanca, presidente de la Confederación Colombiana de Libertadores capítulo Casanare, pidió facilitar la movilización de equipos de los cultivadores. “Esto nos está generando un problema muy delicado”, advirtió. Solicitó una reunión urgente con el presidente Gustavo Petro para destrabar la crisis. A diferencia de Santander, donde se logró un acuerdo, en Casanare las conversaciones no han avanzado y los bloqueos continúan, mientras los manifestantes aseguran que permanecerán en las vías “sin importar las circunstancias” hasta obtener una solución.

Juan Joya