Presiones, traslados permanentes y quejas ante Fiscalía: el relato inédito de la salida de Buitrago del Ministerio de Justicia

¿Se vulneró la construcción de paz o se defendió el régimen penitenciario?

La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reveló que las presiones que recibió durante su gestión no fueron aisladas ni meramente verbales, sino que incluyeron mensajes directos de WhatsApp, reuniones no anunciadas con cabecillas criminales y solicitudes formales para modificar decisiones como cabeza de cartera. El eje de sus señalamientos apunta a la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien además de su labor legislativa ejercía funciones como delegada del Gobierno en diálogos con estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá. Según Buitrago, estas injerencias comprometían la autonomía del Ministerio de Justicia y violaban principios básicos del manejo penitenciario y de la seguridad del Estado.

El episodio más concreto ocurrió en febrero de 2025, cuando la cárcel de Itagüí fue escenario de un megaoperativo antiextorsión. En ese procedimiento, las autoridades incautaron celulares, computadores y otros elementos prohibidos dentro del penal. Horas después, la senadora Zuleta habría enviado un mensaje de WhatsApp a la entonces ministra Buitrago. Según el relato de la exfuncionaria, el mensaje no solo expresaba inconformidad, sino que advertía consecuencias políticas. “La senadora me decía que yo iba a ser responsable de la ruptura del proceso de paz”, afirmó Buitrago en declaraciones obtenidas en La FM. Además, habría señalado que el operativo afectaba acercamientos con estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá.

La exministra sostiene que este tipo de presiones no fueron hechos aislados. Durante su paso por la cartera, asegura que recibió solicitudes para trasladar funcionarios, modificar decisiones técnicas y ajustar la institucionalidad a los tiempos de las mesas de negociación. “La presión y la permanente crítica, incluso con amenazas muy fuertes de quienes participaban en las mesas de negociación, en particular de una senadora”, declaró. Ante esta situación, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, aunque no se conocen avances públicos en estos procesos.

Uno de los puntos más delicados del relato tiene que ver con un encuentro en Medellín al que, según su versión, fue llevada sin advertencia previa. En la reunión participó alias “Douglas”, cabecilla de la Oficina de Envigado. “No me advirtieron que él iba a estar allí”, habría señalado la exministra. Posteriormente, Zuleta habría insistido en su participación en acercamientos dentro de la cárcel de Itagüí, lo que derivó en decisiones sobre traslados de internos y flexibilización de controles. Buitrago asegura que lo que inició como algo temporal terminó siendo permanente.

Un antecedente clave es lo ocurrido el 21 de junio de 2025 en La Alpujarra, en Medellín, donde el presidente Gustavo Petro encabezó un acto con cabecillas criminales trasladados desde la cárcel de Itagüí. Este “tarimazo” generó fuertes críticas y llevó a la Procuraduría a abrir una investigación disciplinaria contra el mandatario y la senadora Zuleta. La denuncia fue presentada por el concejal Alejandro de Bedout, quien cuestionó la legalidad y ética de este tipo de actos.

La exministra Buitrago ha insistido en que su salida del Ministerio no fue voluntaria, sino producto de un entorno de presiones constantes que hacían inviable su gestión. “¿Qué estamos haciendo con fundamento en la ley de la paz total? Invirtiendo toda la pirámide en un sistema de derechos”, cuestionó. En su versión, no se trata de oponerse a la paz, sino de fijar límites claros: participar en negociaciones no puede significar privilegios, ni la ruptura de normas penitenciarias o judiciales.

Juan Joya