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25 marzo, 2026Se agudiza la tensión entre el Gobierno nacional y la Unión Sindical Obrera (USO) tras la solicitud del sindicato de remover a Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol, argumentando que su permanencia afecta la reputación de la principal empresa estatal del país. La organización incluso advirtió sobre la posibilidad de un paro, lo que marca un punto crítico en la relación con el presidente Gustavo Petro.
El sindicato sostiene que la imagen de Roa se ha visto deteriorada por varios cuestionamientos, entre ellos las dudas sobre la compra y adecuación de un apartamento de su propiedad, así como la imputación de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias. A esto se suman señalamientos relacionados con un posible exceso en los topes de financiación de la campaña presidencial de Petro, cuando Roa se desempeñaba como gerente.
Aunque la USO fue un aliado clave en la llegada de Petro a la Casa de Nariño, la reciente postura del sindicato evidencia una fractura en la relación. El mandatario reaccionó públicamente y sugirió que la organización estaría coincidiendo con sectores del uribismo en sus críticas, lo que incrementó el tono del debate político.
En su pronunciamiento, el jefe de Estado defendió el derecho del sindicato a manifestarse, pero cuestionó lo que considera una convergencia de intereses con sectores opositores. Según expresó, no ve con buenos ojos que el movimiento obrero coincida con corrientes políticas contrarias al Gobierno en este punto específico.
Petro también aprovechó para reiterar la necesidad de que Ecopetrol avance en la transición energética. En ese sentido, advirtió que el contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas como el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, podría impactar los precios del petróleo, lo que obliga a replantear la estrategia del sector.
En medio de la controversia, el presidente defendió la continuidad de Roa en el cargo, pese a los cuestionamientos. Señaló que los aspectos personales del directivo pertenecen a su esfera privada, mientras que cualquier eventual irregularidad deberá ser determinada por la justicia. Además, enfatizó que no es momento de generar cambios en la dirección de la empresa y que se debe garantizar la ejecución del programa de gobierno hasta el final del mandato.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respaldó la postura del presidente y cuestionó la posición asumida por la USO. El funcionario, quien anteriormente presidió el sindicato, sugirió que la coyuntura permite identificar claramente las posiciones en disputa dentro del sector, en medio de un debate que sigue escalando.
Humberto ‘Toto’ Torres




