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20 marzo, 2026Tras la decisión del Consejo de Estado de Colombia que la destituyó como superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque manifestó su inconformidad a través de una misiva en la que expresa preocupación por lo que considera un desbordamiento normativo en el fallo. La exfuncionaria sostiene que su formación académica en París es pertinente para el cargo que desempeñaba.
En su pronunciamiento, Rusinque señaló que el análisis del alto tribunal careció de solidez jurídica, resaltando que uno de los magistrados, Pedro Pablo Vanegas Gil, decidió apartarse de la decisión mayoritaria. Según explicó, durante el proceso nunca se logró demostrar la ilegalidad del acto administrativo que permitió su nombramiento.
La exsuperintendente también cuestionó la base argumentativa del fallo, indicando que resulta insostenible afirmar que una maestría en Ciencias Políticas y Sociales cursada en París no guarda relación con las funciones del cargo, especialmente en áreas como mercado, competencia y consumo, que —según afirmó— están estrechamente ligadas a dinámicas de poder.
Asimismo, criticó que se desconociera la certificación académica expedida por la Universidad París II, una de las más reconocidas en Europa, lo que a su juicio constituye un defecto procedimental por un exceso de formalismo. En esa línea, advirtió que el fallo ignoró elementos clave sobre la naturaleza y validez de su título de posgrado.
Rusinque también cuestionó la postura del Ministerio de Educación de Colombia frente a la convalidación de su título, señalando que se habrían desconocido los plazos legales establecidos para este tipo de trámites, imponiendo requisitos no contemplados en la normativa vigente. En su criterio, las dudas sobre la equivalencia del título no justificaban omitir la certificación oficial de nivel de maestría.
En su defensa, enfatizó que su título no es solo un documento académico, sino un acto formal respaldado por el prestigio y rigor de una institución internacional, por lo que considera que fue indebidamente desestimado por los magistrados del tribunal.
Adicionalmente, cuestionó que el Consejo de Estado aplicara un estándar restrictivo en la valoración de su experiencia profesional, al desconocer su trayectoria como docente investigadora en la Universidad Externado de Colombia en áreas de Derecho Público y Constitucional. Según indicó, se exigieron niveles de detalle que exceden lo razonable, lo que derivó en la exclusión de parte de su experiencia.
Pese a ello, reconoció que el tribunal le validó más de ocho años de ejercicio profesional relacionados con el cargo, aunque insistió en que la exclusión de parte de su trayectoria afectó la evaluación integral de su perfil.
Finalmente, Rusinque sostuvo que, más allá del debate jurídico, el aspecto más preocupante es la posible instrumentalización de las instituciones judiciales con fines políticos, lo que —según afirmó— podría traducirse en persecución contra sectores progresistas y obstaculizar transformaciones estructurales en el país.




