“El despojo de tierras no fue un hecho aislado”: directora jurídica de la URT

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio a conocer un nuevo informe sobre el despojo de tierras en Colombia, conocido como el mapa del despojo. Este documento permite identificar dónde, cómo y en qué contextos miles de campesinos perdieron sus predios durante el conflicto armado. En los micrófonos de Colmundo Radio, la información fue explicada por la directora jurídica de la entidad, Paula Andrea Villa Vélez, a partir del análisis de 1.622 sentencias emitidas por jueces y tribunales especializados.

Villa Vélez señaló que el informe hace parte del quinto boletín del Observatorio de la Unidad de Restitución de Tierras. “Este estudio nos permite afirmar que el despojo no fueron hechos aislados, sino que existieron patrones claros y repetidos”, señaló. Según el análisis, estos patrones incluyen amenazas, masacres, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y, posteriormente, la ocupación de los predios abandonados.

El documento también identifica las regiones más afectadas por este fenómeno. Los departamentos con mayor número de casos son Antioquia, Cesar, Santander, Norte de Santander, Córdoba, Magdalena y Sucre. Para la directora jurídica, esto demuestra que el despojo se concentró especialmente en el norte del país y que “se dio de manera premeditada, con participación de actores armados legales e ilegales”.

En cuanto a los momentos más críticos, indicó que los mayores picos de despojo ocurrieron en 1994, 1997 y entre 2002 y 2004. Estos periodos coinciden con la expansión de los grupos paramilitares. De acuerdo con las cifras, estos grupos estuvieron involucrados en el 34 % de los casos, seguidos por las extintas Farc con el 16 %, el ELN con el 8 % y el EPL con el 5 %. Además, en el 11 % de los casos se evidenció participación de miembros de la fuerza pública.

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La funcionaria señaló que el estudio también revela que, además de los actores armados, hubo beneficiarios económicos del despojo. En boletines anteriores, la Unidad identificó más de 600 casos en los que estuvieron involucradas empresas. “Primero se generaban hechos de violencia y desplazamiento, y luego aparecían actores económicos que se beneficiaban de esas situaciones”, explicó.

Frente a la alta concentración de casos en ciertas regiones, la Unidad ha fortalecido su trabajo territorial. Actualmente cuenta con 17 direcciones en todo el país, tres de ellas en Antioquia. Igualmente, Villa Vélez destacó que la entidad adoptó un enfoque más garantista: “Antes se negaba la mayoría de las solicitudes; hoy estamos reconociendo derechos”. En ese sentido, el nivel de inscripción supera el 72 %, y 2025 fue el año con más casos admitidos desde que empezó la ley en 2011.

Finalmente, la directora jurídica alertó sobre una modalidad frecuente de despojo como los negocios jurídicos, del cual el 60 % de los casos analizados se dio a través de escrituras y contratos firmados bajo presión o engaño. “Encontramos pagos irrisorios, firmas forzadas e incluso documentos de personas fallecidas”, afirmó. Por lo anterior, recordó que los procesos de restitución son gratuitos y no requieren intermediarios, y reiteró que este mapa confirma que el despojo fue una acción planificada para acumular tierras y cambiar el uso del suelo en el país.

Dayineth Isabel Molina Velásquez