Más de 78.000 personas desplazadas en el Catatumbo por recrudecimiento del conflicto armado, alerta la Defensoría

La crisis humanitaria en la subregión del Catatumbo alcanza niveles críticos, según alertó la Defensoría del Pueblo, al confirmar que más de 78.000 personas han sido desplazadas forzosamente durante 2025 como consecuencia de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc. Municipios como Tibú y El Tarra concentran la mayor afectación, en un escenario marcado por confinamientos, amenazas a la población civil y reiteradas vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El organismo de control emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el aumento de la violencia protagonizada por el ELN y las estructuras armadas del Frente 33 y el Bloque Magdalena Medio. La Defensoría advirtió que el control territorial ejercido por estos grupos ilegales ha derivado en restricciones a la movilidad, imposición de normas de conducta y mecanismos de coerción social, en un contexto agravado por la presencia de economías ilícitas y la débil institucionalidad estatal.

En este panorama, la Defensoría expresó su preocupación por la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) autorizada en mayo para integrantes del Frente 33 en Tibú, cuya prórroga fue aprobada el pasado 23 de diciembre. El organismo señaló que la persistencia de los combates y la ausencia de protocolos claros hacen inviable esta medida, lo que podría incrementar los riesgos humanitarios para las comunidades que habitan en las zonas cercanas.

La situación se agravó desde el 14 de diciembre, cuando se reportaron nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra que dejaron decenas de familias desplazadas y miles de personas confinadas. En el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —alrededor de 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos debido a los combates y al paro armado impuesto por el ELN. A esto se suma el desplazamiento de 223 personas en la vereda Kilómetro 16 y el aislamiento de varias comunidades rurales en Filo Gringo, tras ataques con drones.

La Defensoría también alertó que las alcaldías de Cúcuta y Tibú carecen de capacidad operativa y presupuestal para atender la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal encargado de la atención humanitaria y del operador logístico. Además, las condiciones de seguridad impiden verificar en terreno los nuevos desplazamientos, lo que hace presumir un subregistro significativo de las víctimas.

Ante este escenario, el organismo instó al Gobierno nacional y a las autoridades locales a fortalecer de manera urgente las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío inmediato de ayuda y activar corredores humanitarios hacia las zonas más afectadas. Asimismo, reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para que cesen las hostilidades y respeten el DIH, con el fin de evitar que la crisis continúe profundizándose.

A la alerta institucional se sumó el pronunciamiento de cerca de 28 organizaciones sociales del Catatumbo, que denunciaron una grave escalada de la emergencia humanitaria en los últimos días, caracterizada por nuevos desplazamientos, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y severas afectaciones a la población civil.

Las organizaciones sociales advirtieron que esta situación ya había sido anticipada por la mesa humanitaria desde noviembre y que hoy pone en alto riesgo a comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales. En ese sentido, exigieron acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado, así como el respeto al DIH por parte de los actores armados, reiterando su compromiso de acompañar a las comunidades en defensa de la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo.

Humberto ‘Toto’ Torres