Contraloría revela irregularidades en compra de tierras en Sucre: ANT habría puesto en riesgo más de $16 mil millones

Este jueves 18 de diciembre, la Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la compra de tres predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), tras atender una denuncia ciudadana. El informe fue presentado por la Delegada para el Sector Agropecuario y se trata de los predios “Hacienda Simba”, “La Laguna” y “Potosí”, ubicados en el departamento de Sucre.

De acuerdo con el organismo de control y por medio de un comunicado escrito, los hallazgos con la adquisición de la Hacienda Simba se identificaron fallas administrativas y posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales. En ese sentido, expuso que la ANT firmó en abril de 2024 una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un valor total de 27.304 millones de pesos. De ese monto, la entidad desembolsó un anticipo del 60 %, equivalente a 16.382 millones de pesos. Sin embargo, más de 18 meses después, el predio aún no ha sido escriturado ni transferido oficialmente a nombre de la mencionada entidad.

El informe, avalado por el Comité de Evaluación Sectorial, advierte que esta situación representa “un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos”, ya que la ANT no puede registrar el predio dentro de sus activos ni reconocerlo como parte del patrimonio del Estado. Además, la falta de perfeccionamiento de la transferencia impide que el terreno sea adjudicado a los beneficiarios de la Reforma Rural Integral. Para la Contraloría, esto “contraviene la misionalidad de la entidad en tanto no se ha perfeccionado la transferencia del dominio. En consecuencia, la entidad mantiene recursos ejecutados sin el suficiente respaldo jurídico ni contable, lo que compromete la transparencia, la legalidad y la fiabilidad del proceso de compra”, añadió la entidad.

Igualmente, también señaló que el proceso de compra no cumplió con el marco normativo vigente, al omitirse etapas clave de validación técnica, jurídica y social. A esto se suma un cambio de destinación de predio que inicialmente estaba previsto para comunidades campesinas. Posteriormente, la ANT realizó una entrega provisional de cerca del 60 % del terreno a comunidades indígenas, sin que existiera un acto administrativo que justificara dicha modificación.

“La Contraloría subrayó que este cambio de destinatarios finales implicó el uso de un rubro presupuestal específico destinado a comunidades campesinas para financiar un proyecto con un propósito distinto, lo que podría configurar una desviación de la finalidad del gasto público. Asimismo, reiteró que la entrega provisional no sustituye el cumplimiento de las etapas formales del procedimiento ni garantiza la incorporación efectiva del bien al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, que es el único autorizado para administrar y contabilizar dichos activos”, agregó.

Finalmente, le solicitaron a la ANT la formulación inmediata de un Plan de Mejoramiento, el cual deberá estar orientado a corregir las deficiencias detectadas y fortalecer los mecanismos de control interno. El ente de control insistió en que las adquisiciones de tierras deben realizarse bajo los principios de “planeación, legalidad, transparencia y eficiencia”, con el fin de evitar la pérdida de recursos públicos y preservar la confianza en la gestión de la Reforma Rural Integral.

Dayineth Isabel Molina Velásquez