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La Defensoría del Pueblo reveló que seis niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado fallecieron durante una operación militar autorizada por el presidente Gustavo Petro contra las disidencias de las FARC. El organismo alertó sobre la protección reforzada que mantienen los menores reclutados y señaló a los grupos ilegales por emplearlos como “escudos humanos”.
BOGOTÁ.- La Defensoría del Pueblo confirmó el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes durante una operación militar realizada en zona rural del departamento del Guaviare, donde las Fuerzas Militares adelantaban un operativo contra las disidencias de las FARC al mando de alias “Iván Mordisco”, el cual fue autorizado por el presidente Gustavo Petro.
Según la defensora Iris Marín, los fallecidos eran niños víctimas de reclutamiento forzado. En el lugar también fueron recuperados cuatro cuerpos aún sin identificar, según el pronunciamiento oficial del organismo de control.
Protección reforzada para menores reclutados
De acuerdo con la Defensoría, los menores fallecidos habrían sido víctimas de reclutamiento forzado, una práctica que constituye una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y un crimen de guerra, conforme al ordenamiento constitucional colombiano y los tratados internacionales ratificados por el país.
El organismo señaló que, aún en el contexto de operaciones militares, los niños reclutados mantienen una protección reforzada, que exige a la Fuerza Pública evaluar cuidadosamente los medios y métodos de guerra utilizados con el fin de evitar daños desproporcionados.
Grupos ilegales emplearían menores como “escudos humanos”
La entidad también atribuyó responsabilidad inicial a las estructuras armadas ilegales por involucrar menores en las hostilidades y emplearlos como “escudos humanos”, una conducta categóricamente prohibida por el DIH. Destacó que las disidencias han sido señaladas de múltiples violaciones humanitarias en el departamento durante el último año.
En su posicionamiento, la Defensoría insistió en que el debate no debe limitarse a interpretaciones técnicas del derecho de guerra, sino al impacto humano de la confrontación armada, especialmente sobre los más vulnerables.
Llamado al principio de humanidad
“Todo esto es lamentable […] afectando a menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares”, afirmó la entidad.
La institución reiteró que su papel no es “certificar la legitimidad” de acciones bélicas, sino rechazar la violencia y promover la construcción de paz, recordando que el principio de humanidad debe prevalecer incluso en escenarios de confrontación armada.
El caso ha generado un amplio debate sobre los protocolos de operación militar en zonas con presencia de menores reclutados y la responsabilidad compartida entre el Estado y los grupos armados ilegales en la protección de la población civil.
Humberto ‘Toto’ Torres
