Magistrado Ibáñez y la reforma pensional: Corte estudia recusación en su contra por ponencia

¿Qué precedentes existen en la Corte Constitucional sobre recusaciones en casos de alto impacto legislativo?

La reforma pensional, materializada como la Ley 2381 de 2024 y sancionada el 9 de julio de ese año, fue aprobada por el Congreso tras un trámite legislativo que se extendió por más de seis meses. La iniciativa, impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, transformó el sistema pensional colombiano hacia un modelo de pilares, combinando un componente público administrado por Colpensiones y uno de ahorro individual en fondos privados. Desde su entrada en vigor, la norma ha sido objeto de demandas de inconstitucionalidad, una de ellas presentada por la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.

El 17 de octubre de 2025, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, ponente del caso en la Corte Constitucional, radicó un proyecto de fallo que propone declarar inexequible la reforma. En su análisis, Ibáñez argumenta que el Congreso incurrió en un vicio de trámite al no subsanar una orden previa de la Corte, que en junio de 2024 había devuelto el proyecto por falta de debate en la Cámara de Representantes. Según el magistrado, “la omisión del segundo debate en la Cámara no fue corregida, lo que vulnera el principio de consecutividad legislativa”.

La ponencia generó una inmediata reacción. El 20 de octubre, el ciudadano Alfonso Alegre Roa presentó una recusación contra el magistrado Ibáñez, alegando “enemistad ideológica con el Gobierno Nacional” y “falta de imparcialidad” en su análisis. El escrito, radicado ante la Secretaría General de la Corte, sostiene que el magistrado ha emitido juicios de valor y expresiones políticas que comprometen su objetividad. La Corte Constitucional admitió el trámite de la recusación, lo que implica que Ibáñez no podrá participar en la discusión hasta que se resuelva si debe ser apartado del caso.

Sin embargo, hay otra recusación en curso contra el magistrado Héctor Javier Carvajal, quien también habría expresado opiniones públicas que podrían comprometer su imparcialidad. Ambas recusaciones serán discutidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que deberá decidir si los magistrados continúan o no en el proceso. La fecha de la audiencia aún no ha sido fijada, pero fuentes cercanas indican que podría realizarse en las próximas semanas.

Paralelo a esto, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, rechazó de forma categórica la ponencia de Ibáñez. En declaraciones del 21 de octubre, afirmó que “la ponencia es equivocada y desconoce el carácter solidario y constitucional de la reforma”. Dussán defendió el modelo de pilares como una solución estructural al problema de cobertura pensional en Colombia y advirtió que tumbar la ley afectaría a millones de adultos mayores sin pensión.

Colpensiones también emitió un comunicado institucional en el que reiteró que la reforma fue aprobada por el Congreso y cumple con los principios de sostenibilidad fiscal, equidad y progresividad. “La reforma pensional no vulnera la Constitución. Por el contrario, garantiza derechos fundamentales y corrige inequidades históricas del sistema”, señala el documento.

Así las cosas, el futuro de la Ley 2381 de 2024 permanece en suspenso. La Corte Constitucional deberá resolver primero las recusaciones antes de entrar a discutir el fondo de la ponencia. Si se aparta a los magistrados Ibáñez y Carvajal, el caso deberá entrar a reparto, lo que podría retrasar aún más la decisión definitiva. Mientras tanto, el debate jurídico y político sobre la reforma pensional sigue abierto, con posiciones encontradas entre el Gobierno, la oposición y los órganos de control.

Juan Joya