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¿Se crea un precedente jurídico para que otros excombatientes busquen ser declarados víctimas?
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctima a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como alias Simón Trinidad, exjefe del Estado Mayor de las extintas FARC y exnegociador de los diálogos del Caguán. La decisión fue adoptada en el marco del Caso 06, mediante el cual el alto tribunal de justicia transicional investiga el exterminio sistemático de militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), una agrupación política creada en 1985 y convertida en símbolo de la violencia política en Colombia.
El reconocimiento se dió luego de que Palmera Pineda solicitara su acreditación argumentando que fue objeto de persecución política antes de su ingreso a la guerrilla, específicamente entre 1985 y 1987 en el departamento del Cesar. “El acto de acreditación de la condición de víctima ante la JEP le otorga, al mismo tiempo, la calidad de interviniente especial, garantizando así que tendrá las facultades necesarias para participar de manera efectiva en las actuaciones de la JEP”, establece el auto citado por los documentos del caso.
El expediente presentado por Simón Trinidad detalla que su militancia política inició en junio de 1985 con la adhesión del Movimiento Cívico Popular-Causa Común a la UP. Durante el proceso electoral de 1986, la colectividad tuvo un aumento significativo en el Cesar, lo que generó alianzas con otros sectores políticos emergentes, pero también dio lugar a una intensificación de la persecución y el asesinato de sus militantes.
Según el relato de Palmera, en una reunión en el Banco de la República de Valledupar, un representante del Banco de Comercio habría entregado una lista de empleados sindicalizados a representantes de los gremios económicos, lista en la que aparecía su nombre. “Tras el homicidio de Marcos Sánchez Castellón en agosto de 1986, quien había advertido sobre la existencia de una lista de personas que serían asesinadas —en la cual figuraban el solicitante y su esposa—, la familia optó por exiliarse. Antes de concretar el viaje, las amenazas aumentaron, culminando en septiembre de 1987 cuando el solicitante encontró una nota en su vehículo amenazando con “asesinar a sus hijos”, se lee en la solicitud de acreditación.
El documento añade que, en octubre de 1987, Palmera Pineda se trasladó junto con sus hijos a Bogotá, mientras su esposa y posteriormente sus hijos viajaron a México. En la capital, el solicitante se reunió con Jaime Pardo Leal, entonces líder de la UP, para informarle sobre su situación de seguridad. El asesinato de Pardo Leal el 11 de octubre de 1987 reforzó la gravedad de la persecución. Ante ese contexto, y considerando el exilio como una respuesta a la violencia sistemática ejercida por el Estado, Palmera se sumó a las filas de las FARC. Inicialmente se vinculó al Frente 19 en la región del Sumapaz y, posteriormente, fue trasladado a la Sierra Nevada en noviembre de 1987. Con el tiempo escaló hasta convertirse en integrante del Estado Mayor y uno de los hombres de confianza de Manuel Marulanda Vélez, además de ser vocero de la guerrilla en los fallidos diálogos de paz del Caguán durante el gobierno Pastrana.
El Caso 06 de la JEP investiga uno de los episodios más cruentos de la historia política colombiana reciente: el exterminio sistemático de militantes de la Unión Patriótica durante las décadas de 1980 y 1990. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país por la persecución estatal y la permisividad con agrupaciones paramilitares en el marco de ese exterminio. Las cifras de víctimas varían según la fuente: mientras registros de la Fiscalía documentan más de 1.600 casos, organizaciones de derechos humanos y de memoria histórica elevan esa cifra a más de 6.000 víctimas, al considerar que se trató de un genocidio político. La acreditación de Simón Trinidad como víctima no incide en su situación judicial en Estados Unidos, donde cumple una condena de 60 años de prisión por el secuestro de tres contratistas estadounidenses ocurrido en 2003, pero sí le permite participar dentro del proceso transicional como interviniente especial.
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de la JEP a través de un comunicado o declaración pública en el que expuso su lectura del fenómeno. “La historia desconocida de personas como Simón Trinidad e Iván Márquez y que consiste en que también fueron víctimas”, señaló el mandatario. “Sufrieron con sus familias la persecución y el genocidio hecho sobre el partido de izquierda: Unión Patriótica, UP, con 5.038 militantes desarmados y asesinados frente a sus familias por una alianza entre militares, extrema derecha y los peores narcotraficantes del entonces”, agregó.
En su intervención, el primer mandatario describió la reacción armada como una consecuencia de la ausencia de justicia: “La reacción de muchos perseguidos fue tomar las armas. Y es ahí donde aparecen las historias de Simón Trinidad preso en Estados Unidos sin que ningún gobernante de Estados Unidos haya decidido amnistiar a pesar de ser un firmante de paz”. Sobre Iván Márquez, quien fuera representante a la Cámara por la UP, el Presidente indicó: “Es el caso de Iván Márquez que era representante a la cámara de la UP y perseguido también, se fue a las armas. Y creo que está hoy muerto o incapacitado totalmente, engañado otra vez por su propia debilidad armada cuando se le pedía era mucha resistencia por la paz”.
El pronunciamiento de Petro cerró con una afirmación que concreta su interpretación del ciclo de violencia colombiano: “Las víctimas se vuelven victimarios si no hay justicia y reparación. Es la historia de los últimos 75 años de violencia en Colombia”. La acreditación de Simón Trinidad como víctima en el Caso 06 de la JEP, sumada a la reacción del jefe de Estado, redefine esos mismos criterios empleados de victimización en el sistema de justicia transicional, particularmente cuando quienes solicitan ese reconocimiento ocuparon posteriormente posiciones de mando en estructuras armadas que también cometieron crímenes. La decisión del tribunal, sin embargo, se limitó a evaluar los hechos ocurridos entre 1985 y 1987, anterior a su vinculación con las FARC, y no modifica su responsabilidad penal por otros delitos cometidos con posterioridad.
Juan Joya
