El “error humano” de la JEP con Simón Trinidad: No lo acredita como victima

Ya celebró el presidente Petro a Simón Trinidad como víctima. Ahora la JEP dice que fue un error. ¿Quién quedó mal parado?

El auto que contenía el error, identificado como CDG 06-056 del 29 de abril de 2026, ya había sido notificado formalmente a la abogada que representa a Simón Trinidad. Ante esta situación, la JEP ordenó ajustar el Anexo I del auto anterior y notificar nuevamente la decisión a los solicitantes involucrados en el trámite. La jurisdicción aclaró que el documento anexado contenía información preliminar sobre solicitudes de acreditación que continúan en estudio, y que “no tiene efectos jurídicos ni define acreditaciones”. En el texto principal del auto, la magistrada se había concentrado en criterios generales del proceso, mientras que la identificación individual de personas reconocidas debía quedar contenida en el anexo correspondiente, que fue el que presentó el error.

La aclaración de la JEP llegó después de que la información sobre la acreditación de Simón Trinidad como víctima se hubiera difundido ampliamente. Inicialmente, se había conocido que el excomandante de las FARC había solicitado su reconocimiento como víctima argumentando persecución política entre 1985 y 1987 en Valledupar, antes de su ingreso a la guerrilla. El expediente presentado por Palmera Pineda detalla que su militancia política inició en junio de 1985 con la adhesión del Movimiento Cívico Popular-Causa Común a la UP, y que durante el proceso electoral de 1986 se intensificó la persecución y el asesinato de militantes del partido en el departamento del Cesar. “Tras el homicidio de Marcos Sánchez Castellón en agosto de 1986, quien había advertido sobre la existencia de una lista de personas que serían asesinadas —en la cual figuraban el solicitante y su esposa—, la familia optó por exiliarse”, se lee en la solicitud.

La JEP explicó que el proceso de acreditación exige revisar cada solicitud, sus soportes documentales y los registros administrativos disponibles, lo que incluye verificación de datos en distintas fuentes, detección de posibles duplicidades y análisis individual de las pruebas allegadas. Por esta razón, la solicitud de Simón Trinidad “no ha sido resuelta” y actualmente permanece en evaluación por parte del despacho encargado del Caso 06. A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha acreditado 789 víctimas individuales y cinco sujetos colectivos dentro de este proceso, mientras que otras 700 solicitudes adicionales continúan bajo análisis.

El presidente Gustavo Petro se había pronunciado horas antes sobre la decisión que en ese momento se creía definitiva. “La historia desconocida de personas como Simón Trinidad e Iván Márquez y que consiste en que también fueron víctimas”, señaló el mandatario en su cuenta de X. “Sufrieron con sus familias la persecución y el genocidio hecho sobre el partido de izquierda: Unión Patriótica, UP, con 5.038 militantes desarmados y asesinados frente a sus familias”. En su intervención, el primer mandatario describió la reacción armada como una consecuencia de la ausencia de justicia: “La reacción de muchos perseguidos fue tomar las armas. Y es ahí donde aparecen las historias de Simón Trinidad preso en Estados Unidos sin que ningún gobernante de Estados Unidos haya decidido amnistiar a pesar de ser un firmante de paz”. El pronunciamiento de Petro cerró con una afirmación que sintetiza su interpretación del ciclo de violencia colombiano: “Las víctimas se vuelven victimarios si no hay justicia y reparación. Es la historia de los últimos 75 años de violencia en Colombia”.

A pesar del respaldo presidencial, la JEP aún no ha definido si Simón Trinidad será reconocido oficialmente como víctima. El tribunal transicional mantiene abierta la evaluación de su solicitud y no descarta la posibilidad de acreditarlo en el futuro, una vez se complete el análisis de las pruebas presentadas. De llegarse a confirmar su condición de víctima, esto le otorgaría la calidad de interviniente especial dentro del proceso, pero no modificaría su situación judicial en Estados Unidos, donde cumple una condena de 60 años de prisión por el secuestro de tres contratistas estadounidenses ocurrido en 2003. El Caso 06, mientras tanto, sigue investigando el exterminio sistemático de militantes de la Unión Patriótica durante las décadas de 1980 y 1990, un episodio en el que, según organizaciones de derechos humanos, más de 6.000 personas fueron asesinadas por una alianza entre agentes del Estado, paramilitares y narcotraficantes.

Juan Joya