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9 octubre, 2025En medio de los ataques que se han presentado en contra de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Bogotá, Antioquia, Cali y Armenia; en la mañana de este jueves 9 de octubre, ocurrió otro hecho de violencia que sacudió a Cartagena, cuando un funcionario de esa entidad fue víctima de un atentado armado en el barrio Simón Bolívar, al suroccidente de la ciudad.
El dragoneante, identificado como Juan Camilo Palacios Figueredo, fue interceptado por dos sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones mientras se desplazaba cerca de su vivienda, a pocos metros de la cárcel de Ternera, donde trabaja. Según versiones entregadas por testigos, los atacantes aprovecharon un momento de descuido para dispararle y luego huir rápidamente del lugar. Vecinos del sector acudieron de inmediato a auxiliar al funcionario y lo trasladaron a un centro asistencial cercano. Afortunadamente, Palacios Figueredo se encuentra estable y fuera de peligro, pese a la gravedad de las heridas.
La Policía Metropolitana de Cartagena, junto a unidades de inteligencia del Inpec, desplegó un operativo en la zona y adelanta investigaciones para identificar a los responsables del atentado. Aunque aún no se han establecido los móviles, las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con las funciones propias del cargo del funcionario, dado el contexto de violencia que enfrenta la institución.
Oscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) se encargó de comunicar lo sucedido a través de la red social X, mencionando al jefe de Estado, Gustavo Petro: “En horas de la mañana, un nuevo atentado sicarial contra guardián de INPEC en las inmediaciones de su vivienda en la ciudad de Cartagena. No termina este panorama de masacre sistemática contra trabajadores penitenciarios. Nos están matando, Gustavo Petro”.
Este atentado se suma a una ola de ataques contra trabajadores de la entidad carcelaria en distintas regiones del país. En las últimas semanas, cuatro funcionarios han sido asesinados, entre ellos los dragoneantes Miguel Ángel Muñoz Llanos, Manuel Antonio Becerra Parra, Jimmy Flórez Salazar y el doctor Julián Campo Giraldo. “El dolor nos toca a todos como un solo Inpec. Nos unimos al duelo de las familias de nuestros compañeros”, expresó la entidad en un comunicado, rechazando los hechos y pidiendo mayores garantías para sus funcionarios.
Las autoridades de Cali atribuyeron los recientes asesinatos de funcionarios del Inpec en el Valle del Cauca a una disputa entre los delincuentes alias “Pipe Tuluá”, “Dimax” y “Chinga Pipe”, originada en 2020 dentro de la cárcel de Villahermosa. Según el general Henry Yesid Bello, en ese contexto surgió la estructura criminal MAGO (Muerte a Guardianes Opresores), que habría declarado la guerra al personal del Inpec mediante amenazas y panfletos. Esta organización estaría al servicio de “Pipe Tuluá”, mientras que “Dimax” y “Chinga Pipe” se enfrentan por el control del tráfico de drogas en Cali.
La institución también pidió al Gobierno Nacional medidas urgentes que permitan frenar los ataques y proteger la vida de sus guardianes penitenciarios. En respuesta, el Gobierno anunció recientemente un convenio con la Industria Militar de Colombia (Indumil), que permitirá a los funcionarios del Inpec adquirir armas de uso personal con recursos propios. La medida se tomó tras una reunión de emergencia con el Ministerio de Defensa, que busca fortalecer la seguridad de los guardianes. El programa contempla beneficios especiales y condiciones reguladas por el Decreto 2535 de 1993, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos ataques y proteger al personal penitenciario en todo el país.
Dayineth Isabel Molina Velásquez




