Flota de helicópteros Mi-17 paralizada: Contraloría lanza alerta por irregularidades

¿Cómo se explica que un contrato de esta magnitud se adjudique sin verificación del fabricante original?

La Contraloría General de la República alertó sobre un posible detrimento patrimonial superior a los 16 millones de dólares en el contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional, adjudicado por el Ministerio de Defensa a la empresa Avian Líneas Aéreas S.A.S., que no contaba con la certificación técnica del fabricante ruso ni con la infraestructura necesaria para cumplir con el objeto contractual.

El contrato fue firmado en 2023 bajo la administración del entonces ministro Iván Velásquez, y tenía como propósito garantizar la operatividad de una parte crítica de la flota aérea militar. Sin embargo, según documentos oficiales, el contratista carecía de la autorización de la empresa rusa Ulan-Ude Aviation Plant, fabricante de los Mi-17, para realizar el mantenimiento especializado. A pesar de ello, el proceso fue adjudicado y ejecutado parcialmente, sin que se cumplieran los estándares técnicos exigidos.

La mitad de los helicópteros Mi-17 permanece inactiva, lo que afecta directamente las capacidades operativas del Ejército en zonas estratégicas del país. La Contraloría advirtió que el incumplimiento del contrato podría representar una pérdida superior a los USD 16 millones, al no haberse ejecutado las tareas pactadas ni recuperado los recursos comprometidos. Además, se identificaron riesgos en la trazabilidad del proceso contractual, en la supervisión técnica y en la gestión de los recursos públicos asignados.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el tema el 3 de octubre, señalando que “hay un riesgo nacional si los rusos no los reparan”, en alusión a la dependencia técnica que Colombia mantiene con empresas extranjeras para el mantenimiento de aeronaves militares. “El contrato se hizo con una empresa que no tiene la capacidad de cumplir, y eso es grave”, agregó. Petro también advirtió que la situación compromete la seguridad aérea del país y pidió revisar los mecanismos de adjudicación para evitar que se repitan errores similares.

La Procuraduría General de la Nación realizó una inspección en el Ministerio de Defensa el 9 de septiembre, con el fin de verificar las condiciones del contrato y establecer si hubo omisiones o irregularidades en el proceso. El organismo señaló que continuará con las indagaciones para determinar responsabilidades administrativas o disciplinarias. Hasta el momento, no se han anunciado sanciones ni medidas correctivas por parte del Ministerio.

Mientras tanto, los helicópteros siguen en tierra. Y con ellos, también se detienen operaciones clave en regiones donde el transporte aéreo militar es vital para el abastecimiento, la atención de emergencias y el control territorial. El caso no solo pone en entredicho la gestión de recursos públicos, sino que plantea una pregunta urgente para el país: ¿quién responde cuando las decisiones administrativas afectan directamente la seguridad de todos?

Juan Joya