Ángela María Buitrago cuestiona legalidad de designar exparamilitares como gestores de paz

La exministra de Justicia y docente del Externado, Ángela María Buitrago, advirtió sobre las inconsistencias jurídicas de la resolución ejecutiva 327 del 21 de septiembre de 2025, mediante la cual el presidente Gustavo Petro designó a 16 exparamilitares como gestores de paz. En recientes declaraciones al medio La F.M., la jurista sostuvo que la medida “está por fuera del rango de la Ley 2272”, conocida como ley de paz total.

Según Buitrago, esta norma se orienta al sometimiento y desmantelamiento de grupos armados activos, no al cierre de procesos de justicia y paz. “No hay una posibilidad de que el marco de la 2272 sea cierre de justicia y paz”, precisó.

La exministra alertó además que entre los designados figuran personas condenadas por narcotráfico, terrorismo y delitos de lesa humanidad, varias de ellas con penas superiores a 20 años en cárceles de Estados Unidos. “La resolución dice que no se modificará la situación jurídica de los detenidos, pero surge la duda de qué significa nombrar gestor de paz a alguien que está en una prisión en el extranjero”, cuestionó.

Otro punto de controversia, señaló, es que la resolución asigna funciones al Ministerio del Interior, cuando el marco normativo establece que esas competencias corresponden al Alto Comisionado para la Paz. Recordó incluso que el propio comisionado había sido renuente a respaldar designaciones similares en el pasado.

Buitrago advirtió que los desmovilizados bajo la ley de justicia y paz de 2005 estaban obligados a contar la verdad y reparar a las víctimas. “Si ahora aparecen nuevas versiones, eso significaría que incumplieron y deberían responder en la jurisdicción ordinaria”, dijo.

Citando a la Contraloría, resaltó el bajo nivel de cumplimiento del proceso: de 5.700 desmovilizados, apenas 13 llegaron al final. “Muchos continuaron delinquiendo o se vincularon al narcotráfico”, subrayó.

Frente al argumento del Gobierno de que las críticas buscan evitar que se conozca la verdad, respondió: “Ese argumento es una forma de amedrantamiento. Muchas de las verdades sobre vínculos entre paramilitarismo y entidades del Estado ya fueron contadas en justicia y paz”.

Sobre la posibilidad de que se pretenda usar estas designaciones para incriminar a expresidentes, recordó que en justicia y paz ya se revelaron nexos entre paramilitarismo, el DAS y sectores de la fuerza pública. En su criterio, cualquier aporte adicional debe revisarse con cautela, pues incumplir con la verdad inicial pone en duda nuevas declaraciones.

Finalmente, recordó que la figura de gestor de paz existe en Colombia desde hace más de dos décadas y busca la reconciliación, pero advirtió: “Hay que tener mucho cuidado con la utilización de estas figuras por personas que siguen vinculadas a delitos como el narcotráfico”.

Paola Martínez Burgos