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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en una de las investigaciones más sensibles del conflicto armado: la violencia basada en género. En el marco del Caso 11, que estudia hechos de violencia sexual, reproductiva y por prejuicio, la Sala de Reconocimiento ha acreditado a 635 víctimas y llamado a versión a 62 comparecientes, entre ellos 35 exintegrantes de las Farc-EP y 27 miembros de la fuerza pública.
Según la magistratura, este caso busca establecer “las máximas responsabilidades en crímenes históricamente invisibilizados y con altos niveles de impunidad”, diferenciando tres subcasos: las violencias cometidas por las Farc-EP contra la población civil, las perpetradas por integrantes de la fuerza pública y las ocurridas al interior de ambas filas.
Del total de víctimas acreditadas, 322 corresponden a hechos atribuidos a las Farc-EP, 292 a la fuerza pública y 21 a violencias intrafilas. Además, 124 víctimas se identifican como indígenas o racializadas, lo que evidencia la intersección entre discriminación estructural y dinámicas del conflicto.
Un camino hacia la verdad en medio de décadas de silencio
Desde su apertura en septiembre de 2023, el Caso 11 ha contado con mecanismos de confidencialidad y acompañamiento especializado para garantizar la participación de las víctimas. Para la JEP, estos espacios buscan superar las barreras históricas que dificultaron la denuncia.
“Por más de 50 años, los crímenes basados en género en el conflicto enfrentaron obstáculos que impidieron su investigación. Hoy la JEP asegura condiciones dignas para escuchar a las víctimas”, señaló la Sala de Reconocimiento.
La investigación ha sistematizado información de informes de organizaciones sociales, expedientes judiciales y testimonios directos. Este análisis pone de relieve los factores discriminatorios y las “lógicas de poder y dominación de género que, en el marco de la guerra, se reprodujeron mediante el uso de las armas”.
Comparecientes y reconocimiento de responsabilidades
En el Subcaso 2, que aborda violencias atribuidas a la fuerza pública, 10 de los 27 comparecientes ya rindieron versión, reconociendo hechos de violencia sexual contra mujeres en Putumayo. La JEP calificó este paso como un avance hacia la construcción de verdad judicial.
En paralelo, 35 exintegrantes de las Farc-EP deberán responder por 693 hechos documentados, incluyendo violencia sexual, reproductiva y actos de prejuicio contra civiles. Los comparecientes provienen de estructuras como el Comando Conjunto Central, Bloque Occidental, Bloque Noroccidental, Bloque Magdalena Medio y Bloque Caribe.
El magistrado Óscar Parra Vera subrayó que estas diligencias no buscan limitarse a responsabilidades individuales, sino comprender “cómo el funcionamiento de las instituciones pudo propiciar o incentivar estas violencias”.
Más allá de los casos aislados
La JEP insiste en que el Caso 11 no se reduce a investigar conductas puntuales. El objetivo es “comprender las lógicas organizacionales que permitieron que estas violencias se consolidaran como prácticas de guerra”, lo que permitirá garantizar justicia, reparación y no repetición.
La Sala ha desarrollado 138 jornadas de pedagogía con más de 3.000 participantes y 188 espacios de asesoría, consolidando la participación de víctimas en todas las fases del proceso.
En palabras de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, “este no es un caso sobre delitos aislados; es un proceso para desmantelar las lógicas de poder que, durante el conflicto, legitimaron la violencia sexual y de género como armas de guerra”.
Con el avance del Caso 11, la JEP reafirma su compromiso de poner en el centro las voces de las víctimas y sentar un precedente histórico frente a las violencias más silenciadas del conflicto armado colombiano.
Humberto ‘Toto’ Torres
