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Bogotá enfrenta un nuevo pulso alrededor del bicitaxismo, un medio de transporte que para miles de ciudadanos resulta indispensable, pero que para las autoridades representa un riesgo tanto para la movilidad como para la seguridad en la ciudad.
El secretario de Seguridad, César Restrepo, advirtió que los bloqueos protagonizados por conductores de bicitaxis no pueden entenderse como manifestaciones legítimas. “Lo que se presentó fue una amenaza a la ciudad y a los ciudadanos”, señaló el funcionario, al explicar que los disturbios no fueron continuos durante 10 horas, como se había reportado, sino intermitentes.
Según Restrepo, este martes los conductores utilizaron piedras contra funcionarios del Distrito y buses de TransMilenio, dejando al menos cuatro personas lesionadas. “Así como ayer, hoy donde estos individuos decidan concentrarse, reaccionaremos para recuperar la vía, proteger a las personas y capturar a quienes podamos hacerlo de la manera”, advirtió.
El secretario insistió en que el bicitaxismo no está regulado y que, aunque no puede afirmar con certeza que sea ilegal pues la competencia depende de normas nacionales, su operación representa un peligro. “Estos vehículos no están aptos para el transporte, se mueven por ciclorrutas y andenes, pueden incendiarse y en muchos casos han estado vinculados a delitos como distribución de drogas y armas”, enfatizó.
La otra cara: transporte donde no llega el sistema
Mientras tanto, del lado de los bicitaxistas, la narrativa es distinta. José Guerrero, líder del gremio, defendió la importancia de este servicio en barrios donde ni buses ni alimentadores llegan. “El servicio es clave porque la gente llega cansada del trabajo y nosotros los dejamos en la puerta de su casa, donde no entra ni el alimentador”, explicó.
De acuerdo con un censo de 2019, en Bogotá hay cerca de 4.660 bicitaxistas, aunque en la práctica se estima que podrían superar los 5.000. Cada conductor transporta entre 70 y 80 pasajeros diarios, con tarifas que rondan los 2.000 pesos.
Guerrero reconoció la necesidad de modernizar el servicio, especialmente frente al uso de motores eléctricos en reemplazo de los de combustión. Sin embargo, advirtió que el costo es prohibitivo: un triciclo nuevo cuesta entre 15 y 17 millones de pesos. “El 90% de los bicitaxis funciona con combustión. Queremos pasarnos a eléctricos, pero no tenemos cómo. Lo que pedimos es que el Gobierno nos dé facilidades, un periodo de adaptación y algún subsidio. No se trata de quedarnos en la informalidad, sino de poder cumplir”, señaló.
La tensión entre los controles de la administración y las demandas del gremio mantiene el servicio en un limbo. Por un lado, las autoridades alegan riesgos de seguridad y denuncian la infiltración de la ilegalidad; por el otro, miles de ciudadanos dependen de los bicitaxis para completar su viaje diario desde estaciones de TransMilenio hasta sus hogares. El pulso se da, además, en medio de mesas de diálogo que avanzan lentamente.
Paola Martínez Burgos
