Paz total en terreno internacional: Catar acogerá acercamientos con el Clan del Golfo

¿Puede el enfoque socio-jurídico del Gobierno lograr desmovilización sin impunidad?

El Gobierno colombiano oficializó este 12 de agosto que Catar será el país garante y sede de los diálogos con el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia. La decisión responde a la necesidad de establecer un escenario neutral para avanzar en un proceso de sometimiento colectivo bajo un enfoque socio-jurídico, en el marco de la política de “paz total” promovida por el gobierno Petro.

La confirmación fue anunciada por Álvaro Jiménez Millán, jefe negociador del Gobierno, quien explicó que “el Estado colombiano le hizo una solicitud al Estado catarí para fortalecer relaciones bilaterales y esfuerzos de construcción de paz en la región”. Según Jiménez, Catar aceptó formalmente ser país garante, lo que implica acompañar, facilitar y supervisar los acercamientos entre las partes. El país asiático ha sido sede de negociaciones en conflictos como los de Afganistán, Palestina, Sudán y Yemen, lo que refuerza su perfil diplomático en procesos de paz.

Una confirmación que se produce en medio de gestiones diplomáticas adelantadas por la Cancillería colombiana y el Alto Comisionado para la Paz. Aunque aún no se ha definido una fecha para el inicio formal de los diálogos, el Gobierno ha señalado que el proceso se desarrollará fuera del territorio nacional, en un contexto de confidencialidad y garantías internacionales. La elección de Catar busca evitar presiones internas y ofrecer condiciones de seguridad para los representantes del Clan del Golfo.

El Clan del Golfo es considerado la principal organización criminal del país, con presencia en más de 20 departamentos y vínculos con el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Su origen se remonta a las estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y su actual líder es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, quien asumió el mando tras la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión.

El proceso de diálogo con este grupo armado se enmarca en la estrategia de “paz total”, que busca abrir canales de negociación con actores armados ilegales bajo condiciones jurídicas claras. Para ello, el Gobierno presentó un proyecto de ley de sometimiento elaborado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que establece mecanismos para el desarme, la desmovilización y la reintegración de estructuras criminales. “El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la Justicia”, señaló Osuna.

Sin embargo, el proyecto aún no ha sido agendado para debate en la Cámara de Representantes y ha generado divisiones dentro del propio Gobierno. El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, ha expresado reparos sobre el enfoque del sometimiento colectivo, señalando que “no se puede confundir negociación política con beneficios jurídicos para organizaciones criminales”. La falta de consenso ha retrasado la discusión legislativa y ha abierto un debate sobre los límites de la paz total.

La oficialización de Catar como país garante también ha generado todo tipo de reacciones en el panorama político. Mientras algunos sectores valoran el intento de reducir la violencia mediante el diálogo, otros cuestionan la legitimidad de negociar con organizaciones criminales y advierten sobre los riesgos de otorgar beneficios jurídicos sin garantías de desmantelamiento real. “El Gobierno debe explicar con claridad qué tipo de beneficios se ofrecerán, qué mecanismos de verificación se implementarán y cómo se garantizará la reparación a las víctimas”, señaló el senador Humberto de la Calle.

Paralelo a esto, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han pedido que el proceso incluya participación de las comunidades afectadas por el accionar del Clan del Golfo. “No se puede construir paz sin justicia ni sin escuchar a quienes han sufrido desplazamientos, extorsiones y asesinatos”, afirmó la Comisión Colombiana de Juristas. La inclusión de víctimas, la transparencia del proceso y el control institucional serán claves para la legitimidad de los diálogos.

El Gobierno ha reiterado que el proceso con el Clan del Golfo no equivale a una negociación política, sino a un sometimiento colectivo con garantías jurídicas. La participación de Catar como garante busca legitimar la credibilidad internacional del proceso y facilitar un escenario de diálogo seguro. Aun así, el éxito de la iniciativa dependerá de la voluntad real del grupo armado de desmovilizarse, del respaldo legislativo al proyecto de ley y de la capacidad del Estado colombiano para implementar mecanismos de justicia transicional efectivos.

Juan Joya