“Esta norma acaba con las encuestas electorales en el país”: director de Datexco

César Valderrama, advierte que la nueva ley de encuestas sancionada por el presidente Petro impone restricciones desproporcionadas, vulnera la libertad de expresión y expone a los encuestadores a sanciones penales inéditas.

La ley que regula la publicación de encuestas electorales en Colombia, sancionada este 24 de julio por el presidente Gustavo Petro, ha encendido las alarmas entre los expertos del sector. César Valderrama, director de la reconocida firma Datexco, calificó la norma como “una mordaza a la opinión pública” y advirtió que “convierte a los encuestadores en posibles delincuentes”.

En entrevista con el informativo digital de Colmundo Radio, Valderrama expresó su preocupación por el carácter restrictivo de la ley, que prohíbe la publicación de encuestas de intención de voto durante los tres meses previos a la inscripción de candidatos. “Lo que establece la ley es que en los próximos tres meses nadie va a poder conocer o saber qué piensa la población frente a los distintos candidatos y alternativas electorales”, señaló. “La gente va a empezar a decir locuras en redes sociales, y no van a tener una fuente formal, oficial, organizada, que permita conocer cómo está la opinión. Nos están dejando con esta posibilidad de no conocer datos”.

Uno de los aspectos más polémicos es la exigencia de entregar bases de datos personales —teléfonos, correos, direcciones— al Consejo Nacional Electoral. “Eso viola totalmente el principio de confidencialidad estadística”, afirmó Valderrama. “Cuando un cliente nos pide revelar la fuente o el microdato del entrevistado, nuestra respuesta es no. Esta ley obliga a entregar esa información, lo cual pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos”.

La norma también impone requisitos técnicos que, según el director de Datexco, encarecen y complican la realización de encuestas. “Para medir un candidato con 15 % de intención de voto, se necesitarían más de 8.000 encuestas. Eso hace inviable el ejercicio para muchas firmas”, explicó. Este aumento en el tamaño mínimo de las muestras implica una operación logística mucho más compleja: “Se requieren más encuestadores, más supervisores, más analistas, más recursos humanos y técnicos. Un solo proyecto puede involucrar entre 150 y 200 personas. Si se encarece la operación, se reduce la viabilidad pública de las encuestas”.

Además, se obliga a incluir a todos los candidatos “relevantes” sin permitir mediciones previas, lo que resulta especialmente complejo en un escenario con más de 80 precandidatos presidenciales. “La ley dice que se deben incluir personas con notoriedad pública significativa, figuras con reconocimiento o favorabilidad manifiesta. Eso es peligrosamente subjetivo”.

Pero el punto más grave, según Valderrama, es la posibilidad de sanciones penales y disciplinarias por errores técnicos. “Yo, como representante legal, sería el responsable penalmente si omití personajes que debíamos haber incluido, no según nuestro diseño, sino según quien lo interprete. Podrían acusarnos de defraudar a la opinión pública. No queremos ni imaginar los tipos penales en los que podríamos estar en curso por hacer nuestro trabajo”.

El director de Datexco también cuestionó el proceso legislativo que permitió la aprobación de la ley. “Nunca fuimos consultados, nunca participamos, nunca hubo mesas de diálogo. Simplemente, cuando la norma fue aprobada por Senado y Cámara, nos enteramos de lo que estaba sucediendo. En ocasiones anteriores siempre hubo concertación. Esta vez, nada”. Además, la ley fue tramitada como ley ordinaria, no como ley estatutaria, a pesar de que regula el acceso a información electoral, lo que podría implicar vicios de constitucionalidad. “Expertos y otras empresas encuestadoras han rechazado esta vía, indicando que pudo haber sido inconstitucional”.

La rapidez con la que se tramitó la iniciativa también genera suspicacias. “Nos sorprendió mucho que haya salido como salió. Fue aprobada sin reparos. Lo que interpretamos es que hubo desconocimiento técnico y que nadie entendió lo que estaba aprobando. Esta ley casi acaba con las encuestas electorales en el país”.

Valderrama advirtió que la norma favorece a candidatos con recursos para financiar encuestas privadas y a figuras con alto reconocimiento, dejando en desventaja a nuevos aspirantes. “Los políticos sí van a tener acceso a información privilegiada, mientras que la población con los ojos vendados tendrá que transitar en este tiempo. Es como ir a 200 kilómetros por hora con los ojos vendados, sin saber para dónde va el mundo”.

Finalmente, el experto defendió la utilidad de las encuestas como herramienta democrática. “Las encuestas no determinan la intención de voto, pero sí son un elemento muy importante para tomar decisiones. Ayudan a generar hojas de ruta, a ajustar estrategias. Si bien hay casos en los que no aciertan —como el Brexit, Trump o el plebiscito por la paz—, eso se debe a constructos sociales que distorsionan la respuesta políticamente correcta. Pero en la gran mayoría de casos, las encuestas aciertan con altísimos niveles de precisión”.

Juan Joya