Distrito anuncia avances en la relocalización de la población Emberá

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la administración distrital el pasado 28 de mayo, trasladar de manera urgente e inmediata a la comunidad indígena Emberá, que actualmente se encuentra en condiciones de hacinamiento e insalubridad en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja. La medida busca proteger la vida y la integridad de esta población, especialmente la de niñas, niños y adolescentes.

El fallo otorga un plazo de tres meses para realizar la evacuación del albergue temporal, mientras el Gobierno nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, avanza en un proceso de retorno o reubicación como solución duradera a la situación de vulnerabilidad que enfrenta este pueblo indígena.

Durante los últimos seis meses, la Alcaldía de Bogotá ha evaluado más de 70 predios para garantizar condiciones dignas de alojamiento. Los criterios de selección incluyen espacio suficiente, entornos seguros, redes eléctricas y sanitarias en funcionamiento, y la posibilidad de instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter permanente desde el inicio.

Este proceso ha implicado más de 10 reuniones interinstitucionales, múltiples espacios de diálogo con los voceros de la comunidad y una caracterización detallada liderada por la Unidad para las Víctimas el mismo 28 de mayo, con el acompañamiento de más de siete entidades distritales.

Tras un análisis técnico, un equipo intersectorial de cinco entidades distritales evaluó 21 predios, presentados luego ante un comité de alto nivel. Como resultado, se determinó que la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) cumple con los requisitos exigidos en el fallo de tutela y es una alternativa viable para el traslado temporal de la comunidad Emberá.

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La decisión fue compartida con el Comité de Emergencia, creado por orden judicial que incluye a entidades distritales, la Personería de Bogotá, representantes de la comunidad indígena y delegados de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Cabe destacar que la comunidad cercana al IDPAC, ha mostrado su inconformismo. En un comunicado emitido por Asosalitre, detalla que, junto a otras organizaciones comunitarias y entidades del sector, se venía trabajando desde hace más de un año en estrategias de contención y recuperación del espacio público en las áreas perimetrales del Terminal. Para la comunidad, la llegada de la población Emberá a este punto representaría un retroceso en dichos avances y una sobrecarga para un entorno que ya enfrenta múltiples desafíos sociales y de seguridad.

En ese sentido, conscientes de la importancia que tiene la sede del IDPAC para actores sociales y comunitarios, la administración distrital anunció que se realizarán reuniones de socialización con las organizaciones y personas interesadas, con el fin de resolver inquietudes y explicar la decisión.

Además, se gestionará una nueva sede para el IDPAC, con condiciones óptimas para el desarrollo de su labor misional, sin afectar la seguridad ni las condiciones laborales de sus funcionarios ni de la ciudadanía que acude a sus instalaciones.

El Distrito adelantará adecuaciones en el predio del IDPAC para asegurar condiciones adecuadas que permitan la atención integral de la población Emberá, en especial de niños, niñas y adolescentes. El lugar contará con espacios definidos para la articulación de servicios interinstitucionales, un punto fijo de atención de la Secretaría Distrital de Salud y un PMU que coordine la respuesta institucional y active rutas de protección.

Asimismo, la administración distrital reiteró que esta es una medida transitoria mientras se concreta el retorno o reubicación definitiva de la comunidad Emberá, proceso que lleva casi tres años sin una solución concreta. Por ello, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que acelere estas acciones.

Finalmente, el Distrito reafirmó su compromiso con una Bogotá incluyente y diversa, y rechazó cualquier forma de racismo o estigmatización hacia esta comunidad. Como ciudad que acoge a miles de víctimas del desplazamiento forzado, Bogotá tiene el deber de garantizarles condiciones de vida digna, segura y con oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida.

Paola Martínez Burgos