Contraloría exige explicaciones a Superservicios: lo que está en juego en el sector energético

¿Las intervenciones en el sector energético están motivadas por razones técnicas o por intereses políticos?

La Contraloría General de la República ha solicitado explicaciones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) sobre las recientes intervenciones a empresas de energía y gas en Colombia. El ente de control ha expresado su preocupación por el impacto que estas decisiones podrían tener en la prestación de los servicios públicos y en la estabilidad del sector energético.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, ha ordenado un seguimiento permanente a Superservicios para determinar los fundamentos económicos, técnicos y jurídicos de las intervenciones realizadas. Entre los requerimientos enviados, se incluyen cifras detalladas sobre la intervención a la empresa Air-e, así como los soportes que justifican la devolución de costos a los usuarios de Vanti por cobros indebidos en las tarifas de gas.

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Además, la Contraloría ha solicitado información sobre el número de solicitudes de conceptos que Superservicios ha elevado a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en los últimos dos años y los dictámenes emitidos en respuesta. La falta de claridad en estos procesos ha generado inquietudes sobre la transparencia y la legalidad de las intervenciones realizadas.

Para abordar estas preocupaciones, la Contraloría y la Procuraduría han convocado una mesa técnica para el próximo 10 de junio, en la que participarán representantes de los ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Crédito Público, Superservicios y gremios del sector. En este espacio se analizarán las problemáticas estructurales que afectan la prestación del servicio de energía y gas en el país.

Desde Superservicios, se ha defendido la legalidad de sus intervenciones, argumentando que estas buscan garantizar la continuidad del servicio y proteger a los usuarios de posibles abusos por parte de las empresas prestadoras. Sin embargo, la falta de información clara sobre los criterios utilizados para tomar estas decisiones ha generado incertidumbre en el sector y entre los ciudadanos.

El debate sobre la intervención estatal en empresas de servicios públicos plantea un dilema entre la necesidad de regulación y el riesgo de afectar la inversión privada. Mientras algunos sectores consideran que estas medidas son necesarias para corregir irregularidades, otros advierten que podrían desincentivar la inversión extranjera y generar inestabilidad en el mercado energético nacional.

La exigencia de la Contraloría a Superservicios pone de presente la necesidad de mayor transparencia en la toma de decisiones que afectan la prestación de servicios esenciales. La falta de claridad en los fundamentos de las intervenciones y la presunta afectación a los usuarios y al sector energético requieren una revisión profunda. La mesa técnica convocada será el escenario clave para determinar si estas acciones han sido justificadas o si, por el contrario, es necesario replantear el enfoque de supervisión estatal al sector energético.

Juan Joya