Atención médica sin barreras administrativas, ¿solución o desafío para el sistema de salud?

¿Cuáles podrían ser los riesgos de eliminar los procesos administrativos en la prestación de servicios?

El Ministerio de Salud y Protección Social ha expedido la Circular 019 del 23 de mayo de 2025, una normativa que ordena la eliminación de trámites de autorización para el acceso a ciertos servicios médicos fundamentales. La medida aplica a las EPS, IPS y proveedores de tecnologías en salud, quienes deberán garantizar la prestación de estos servicios sin requerir procesos administrativos previos por parte de los pacientes.

Entre los servicios que ya no requerirán autorización previa se encuentran la atención de urgencias, el tratamiento de cáncer en niños y adultos, la atención para personas con VIH/SIDA, los servicios comprendidos en las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) y los eventos en salud priorizados según políticas públicas o situación poblacional. Además, la circular prohíbe imponer cargas administrativas a los usuarios, como la presentación de órdenes, trámites o renovaciones de autorizaciones. Toda la gestión administrativa deberá ser realizada exclusivamente entre los aseguradores, prestadores y proveedores de tecnologías, sin requerir la participación del paciente.

La cartera de Salud ha señalado que esta medida busca agilizar el acceso a servicios esenciales, reducir barreras burocráticas y mejorar la accesibilidad en la atención médica. La eliminación de autorizaciones permitiría que los pacientes reciban atención sin demoras ni reprocesos, especialmente en casos de enfermedades graves o condiciones que requieren intervención inmediata.

Sin embargo, la implementación de esta normativa supone desafíos y contrastes en el sistema de salud colombiano. Mientras algunos sectores consideran que la eliminación de autorizaciones facilitará el acceso a tratamientos oportunos, otros advierten que podría generar mayores presiones sobre la capacidad operativa de las EPS e IPS, aumentando la demanda de servicios sin una planificación debida. También existe preocupación sobre el impacto financiero que esta medida podría tener en el sistema de salud, dado que la eliminación de trámites administrativos podría dificultar el control de costos y la gestión eficiente de recursos.

Otro reto que debe tenerse en cuenta es la garantía de calidad en la atención médica. Sin procesos de autorización previos, las entidades prestadoras de salud tendrán que fortalecer sus mecanismos internos para asegurar que los pacientes reciban los tratamientos adecuados sin comprometer la sostenibilidad del sistema. Además, la Superintendencia Nacional de Salud ha advertido que el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la circular podría derivar en sanciones para las entidades responsables.

Si bien es cierto que la eliminación de autorizaciones representa un avance en la reducción de barreras administrativas, también exige una revisión estructural del modelo de atención en salud para evitar posibles efectos adversos en la prestación de servicios. La efectividad de esta medida dependerá de la capacidad del sistema para adaptarse a los nuevos requerimientos, sin que esto afecte la calidad ni la cobertura de la atención médica en el país.

Juan Joya