Alcalde de Neiva y secretario de Educación enfrentan denuncias por corrupción

¿Se pueden prevenir irregularidades en la contratación cambiando el sistema actual?

La administración municipal de Neiva está en el ojo del huracán, tras las denuncias contra el alcalde Germán Casagua Bonilla y el secretario de Educación por presuntos actos de corrupción en el proceso de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Según el abogado Kevin Oliver Keep, quien actúa como denunciante en el caso, se adjudicó un contrato multimillonario a empresas que habrían falsificado documentos, lo que pone en duda la transparencia de la gestión pública.

El caso ha puesto el foco en la Comercializadora Disfruver S.A.S., una de las empresas que hacen parte de la Unión Temporal UT Propae Neiva 2025. Esta compañía, que ya había sido sancionada en 2019 por la Superintendencia de Industria y Comercio por violación al régimen de libre competencia, presentó documentos que presuntamente fueron alterados para cumplir con los requisitos del contrato. La posible falsificación de estos documentos compromete la legalidad del proceso.

“Hemos presentado todas las denuncias pertinentes. Actúo como abogado litigante de VEERJURÍDICA, entidad sin ánimo de lucro que represento como su presidente. Se trata de un contrato superior a los 18 mil millones de pesos, que le fue entregado a empresas sancionadas que, al parecer, falsificaron documentos para hacerse al multimillonario contrato. Comercializadora Disfruver S.A.S. hace parte de la unión temporal UT Propae Neiva 2025, que logró hacerse al negocio gracias a la alianza con la cuestionada empresa. Esta terminó sumando puntos gracias a los documentos espurios que se habrían presentado”, manifestó el denunciante a través de un comunicado.

El proceso de contratación a través de la Bolsa Mercantil exigía que las empresas participantes no tuvieran sanciones ni multas en sus historiales. Sin embargo, se señala que la administración habría pasado por alto la normativa, permitiendo que una empresa sancionada participara y obtuviera el contrato. Este hecho, según Keep, no solo contraviene las disposiciones legales, sino que también afecta la confianza en las instituciones públicas.

Mientras las denuncias avanzan ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, la comunidad de Neiva ha expresado su preocupación por el futuro del PAE. Este programa es vital para garantizar la alimentación de miles de estudiantes, y la posibilidad de irregularidades pone en riesgo su correcta ejecución, afectando a quienes dependen directamente de él.

Las implicaciones de este caso van más allá del acto puntual de corrupción; destacan la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción en los procesos de contratación pública. La ciudadanía, así como las autoridades, están a la expectativa de los resultados de las investigaciones y las eventuales sanciones, con la esperanza de que este caso marque un precedente para garantizar mayor transparencia en la contratación del municipio.

Juan Joya