El presidente Gustavo Petro ha hecho un llamado a la ciudadanía para movilizarse contra las generadoras eléctricas, a las que acusó de “especular con los precios de la energía”. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario anunció: “Hemos decidido reducir la cantidad de energía que se vende en bolsa para bajar sustancialmente el precio de la energía al hogar colombiano. Buscan tumbar la medida. Es hora de la movilización nacional de los usuarios de la energía eléctrica”.
La convocatoria, prevista para el 30 de enero a las 2:00 p.m., incluye una marcha en Barranquilla, cuyo punto de encuentro será en la calle Murillo con carrera 14. El mensaje fue acompañado por un afiche que rezaba: “¡La Energía es nuestra! Barranquilla. ¡No más especulación en el mercado energético! ¡Justicia a los consumidores de la energía eléctrica!”.
Críticas desde la región Caribe
El llamado presidencial ha provocado reacciones diversas, especialmente en Barranquilla, donde la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos mostró escepticismo ante la efectividad de la marcha. Norman Alarcón, coordinador de esta organización en la región Caribe, expresó que esta movilización no resuelve el problema de fondo.
“El presidente está poniendo al país como blanco ante las generadoras eléctricas. Una movilización en defensa de la situación de los usuarios debe partir de los propios usuarios. El problema del sector eléctrico es estructural y está relacionado con la ley 142 de 1994, una política de privatización”, afirmó Alarcón.
El líder señaló que la verdadera solución al alza de tarifas pasa por cumplir las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Dicho fallo obliga al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), a derogar el Régimen Especial Tarifario que afecta a los habitantes de la región.
“Acatar la decisión del tribunal es lo que realmente apunta a una reducción tarifaria”, enfatizó Alarcón.
Un problema estructural
El sector eléctrico en Colombia enfrenta un panorama complejo, donde la regulación y las políticas públicas han generado tensiones entre los usuarios, las empresas y el Gobierno. Si bien la marcha propuesta por Petro busca presionar para reducir los costos de la energía, críticos como Alarcón consideran que no aborda el núcleo del problema: un modelo estructural que perpetúa las altas tarifas en regiones como el Caribe.
La discusión, por tanto, se centra en si la movilización puede generar un cambio significativo o si es necesario implementar reformas de fondo para garantizar tarifas más justas y sostenibles para los usuarios colombianos.
Humberto ‘Toto’ Torres