Venezuela endurece sanciones: hasta 30 años de prisión para quienes apoyen sanciones internacionales

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves una ley que impone penas de entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros (hasta 1.055.680 dólares) para quienes promuevan o estén implicados en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y “autoridades” del Estado. La “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela” deberá ser firmada por el presidente Nicolás Maduro para su entrada en vigor.

Esta legislación también incluye una inhabilitación política de 60 años para los sancionados, impidiéndoles optar por cargos públicos o de elección popular. La aprobación de esta ley coincide con las tensiones por la reelección de Maduro para un tercer mandato (2025-2031), denunciada como un fraude por la oposición, que reclama un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio.

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Aquellos que sean acusados de impulsar sanciones extranjeras podrán ser juzgados en ausencia si se niegan a acudir a las audiencias. Además, aquellos que hayan “promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución” de “acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos” contra el país, sus instituciones o autoridades, también enfrentarán penas de hasta 30 años.

Los medios de comunicación que difundan mensajes que promuevan sanciones o medidas que “afecten a la República Bolivariana de Venezuela” podrían ser multados y castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma. Este nuevo marco legal también define como “acciones que ponen en riesgo la soberanía” el desconocimiento de la legitimidad de los poderes públicos o el reconocimiento de investiduras a sujetos que “simulen” representar el poder público.

Este endurecimiento de las sanciones refleja la postura del Gobierno venezolano frente a la presión internacional y subraya la gravedad de las tensiones políticas internas. La comunidad internacional observa con atención las repercusiones de esta ley en el panorama político y social del país.

Sala digital Colmundo