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3 septiembre, 2026
La decisión congela temporalmente dos acuerdos, pero ordena garantizar la continuidad de la expedición de pasaportes.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional de dos convenios vinculados al nuevo modelo de pasaportes, implementado por el Gobierno de Gustavo Petro. La decisión fue adoptada el 2 de septiembre de 2026 dentro de una acción popular que cuestiona la ejecución del esquema.
La medida afecta el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, además de los contratos y convenios que se deriven de ellos. El Tribunal aclaró que la decisión no suspende la expedición de pasaportes ni interrumpe el servicio a los ciudadanos.
¿Por qué suspendieron los convenios?
La corporación encontró, de manera preliminar, elementos que configuran una “apariencia de buen derecho”, entre ellos cronogramas incumplidos, informes institucionales contradictorios y falta de soportes verificables sobre infraestructura, personal y avances de la operación.
El Tribunal también cuestionó aspectos relacionados con los requisitos presupuestales y advirtió una “planeación improvisada” que, según la providencia, impide establecer con certeza cuál es el estado real de ejecución del nuevo modelo.
A esto se suma el riesgo de que la incertidumbre termine afectando el suministro de las libretas. Para el Tribunal, existe un peligro en la demora, porque una eventual interrupción podría afectar directamente a los ciudadanos que necesitan el documento para viajar.
La corporación también identificó un posible riesgo para el patrimonio público, debido al compromiso de recursos estatales y a las dudas planteadas sobre el cumplimiento de las condiciones presupuestales del esquema.
El servicio de pasaportes debe continuar
Aunque ordenó suspender los convenios señalados, el Tribunal fue explícito en que la medida no puede utilizarse para suspender la expedición de pasaportes.
Las entidades involucradas deberán adoptar las medidas administrativas, contractuales y operativas necesarias para garantizar el suministro de las libretas y evitar que los ciudadanos enfrenten una interrupción del servicio.
Según la providencia, mantener el esquema bajo las condiciones actuales de incertidumbre podría generar mayores riesgos para los derechos colectivos que una suspensión temporal mientras se aclaran las situaciones advertidas.
Entre las preocupaciones aparecen posibles dificultades en la producción, custodia y personalización de los documentos, además de dudas sobre la transferencia efectiva de la tecnología que debía quedar en manos del Estado colombiano.
Entidades tendrán 20 días para entregar información
El Tribunal ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, su Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional de Colombia, junto con la entidad portuguesa involucrada, presentar un informe conjunto sobre la ejecución del modelo.
Las entidades tendrán 20 días hábiles después de la notificación de la providencia para entregar información sobre las actividades realizadas, las fases implementadas, los compromisos cumplidos y el cronograma actualizado.
También deberán aportar soportes que permitan verificar el estado real del proyecto y explicar cómo funciona la cadena de producción de las libretas de pasaporte, incluyendo centros de producción y los contratistas, subcontratistas o terceros que participan en el proceso.
No todos los convenios fueron suspendidos
La decisión establece límites precisos. El Convenio Marco 006 de 2024 no fue suspendido porque, según el Tribunal, ya había sido liquidado y no se encontraba vigente ni en ejecución.
Tampoco quedó cobijado el Convenio Marco 007 de 2025, debido a que tiene un alcance general de articulación entre el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional y no está dedicado exclusivamente a la producción y personalización de pasaportes.
La providencia también aclara que la suspensión provisional no significa que el Tribunal haya declarado nulos o inválidos los convenios. Se trata de una medida cautelar dentro de una acción popular, mientras continúa el proceso judicial.
El caso deja al Gobierno ante la tarea de mantener la expedición de pasaportes mientras responde a los cuestionamientos sobre la planeación, ejecución, recursos públicos y funcionamiento del nuevo modelo. El desarrollo del proceso determinará si las medidas adoptadas son suficientes para despejar las dudas que llevaron al Tribunal a ordenar la suspensión temporal.
Sala Digital Colmundo
