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Cristina Lombana solicitó, por instrucción del presidente Abelardo De la Espriella, un grupo conjunto para investigar posibles irregularidades en la contratación pública de la isla.
La secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, solicitó este domingo la conformación de un grupo conjunto de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar presuntos entramados de corrupción en San Andrés, tras las denuncias del presidente Abelardo De la Espriella sobre la contratación pública en el archipiélago.
Lombana explicó que la petición responde a una instrucción directa del mandatario y busca que los organismos de control y la Fiscalía intervengan frente a posibles irregularidades en la adjudicación de contratos y la vigilancia de los recursos públicos.
“Unos pocos contratistas corruptos, casi siempre los mismos, comienzan a quedarse con los contratos de una región”, afirmó la funcionaria. También cuestionó los procesos que, según su descripción, se diseñan para favorecer a determinados oferentes y terminan concentrando las adjudicaciones en los mismos nombres.
Denuncian presuntos vínculos entre contratación y política
La secretaria de Transparencia advirtió que las irregularidades denunciadas podrían trascender la contratación y afectar el funcionamiento de las instituciones y los procesos electorales.
“Se apoderan de las entidades públicas, compran las elecciones financiando campañas políticas que son garantizadas con la contratación pública, que es el botín del entramado corrupto”, sostuvo Lombana.
La funcionaria también cuestionó la actuación de los organismos encargados de ejercer vigilancia y control. Según dijo, cuando las denuncias no avanzan y los procesos permanecen detenidos, se facilita la continuidad de las presuntas prácticas ilegales.
“Cuando quienes deberían vigilar ya no vigilan, cuando las denuncias no avanzan y los procesos se quedan quietos, el círculo se cierra. No hay quien ponga freno”, manifestó.
¿Qué denunció De la Espriella en San Andrés?
La solicitud de intervención se conoce después de que el presidente Abelardo De la Espriella confrontara públicamente a la gobernadora de San Andrés, Girley Ordóñez Bowie, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang, del Partido Liberal, por la decisión de intervenir el hospital del archipiélago.
Durante su pronunciamiento, el mandatario defendió la medida y aseguró que buscaba enfrentar presuntas irregularidades en el manejo de la institución hospitalaria.
“Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse”, afirmó De la Espriella.
El presidente también señaló a Jay-Pang al referirse a supuestos vínculos entre su entorno familiar y la contratación de la Gobernación. “Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la gobernación, doctora”, expresó durante el enfrentamiento.
Estos señalamientos corresponden a acusaciones del mandatario y no constituyen, por sí mismos, una comprobación judicial de los hechos.
Investigación busca esclarecer el manejo de los recursos públicos
La creación del grupo conjunto permitiría coordinar la actuación de los organismos de control y la Fiscalía frente a las presuntas irregularidades denunciadas en San Andrés. La solicitud pone el foco en la adjudicación de contratos, los posibles conflictos de interés y la respuesta institucional a las alertas sobre el uso de recursos públicos.
El avance de la iniciativa dependerá de las actuaciones que adopten las entidades requeridas y de las pruebas que puedan recopilar para establecer si existieron conductas ilegales y quiénes serían responsables.
La eventual investigación también podría tener consecuencias para la gestión pública del archipiélago, en particular para la contratación departamental y el manejo de los recursos destinados a servicios esenciales como la salud.
