Polémica en Barranquilla por desalojo de iglesia que ocupa antiguo complejo Tito’s Bolos

¿La iglesia actuó de buena fe o se aprovechó de un vacío legal?

En el corazón del sector Altos del Limón, en el norte de Barranquilla, la mañana de este jueves transcurrió entre cánticos religiosos y mantas con mensajes de fe. No se trataba de una celebración eucarística convencional, sino de un plantón. Miembros de la Iglesia Vida Abundante se congregaron en las instalaciones del antiguo complejo Tito’s Bolos (hoy convertido en su templo)para oponerse a una orden de desalojo emitida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes extintos por el Estado. La medida se fundamenta en una deuda por arrendamiento que, según la SAE, asciende a $2.227 millones acumulados entre 2020 y abril de 2026.

El predio en disputa no es un lugar cualquiera. Con más de 4.500 metros cuadrados, fue durante años el epicentro del entretenimiento en la ciudad, albergando la reconocida bolera Tito’s Bolos Club y establecimientos comerciales como La Moñona. Sin embargo, su destino cambió radicalmente cuando el Estado adelantó un proceso de extinción de dominio contra el clan Nasser Arana, vinculado al narcotráfico. El bien pasó a manos de la SAE y fue incluido en un proceso de subasta electrónica con un valor base cercano a los $14.000 millones. Es en este mismo lugar donde la congregación cristiana dice haber operado desde 1997, primero con contratos de arrendamiento de un millón de pesos mensuales y luego ampliando sus actividades.

La versión oficial de la SAE  es concluyente. La directora de Seguimiento y Control de Liquidaciones, Constanza Jiménez, defendió la legalidad del procedimiento y aseguró que la entidad tiene plenas facultades para actuar. “Ante la falta de pago del canon de arrendamiento, tenemos toda la facultad de terminar el contrato unilateralmente”, sostuvo Jiménez. La entidad detalla que los contratos de arrendamiento terminaron el 10 de noviembre de 2025 y que, además de la mora, hubo una ampliación irregular de la ocupación del inmueble. Para la SAE, la recuperación del predio es una obligación para evitar un detrimento patrimonial y reincorporar el bien a la economía formal, cuyos recursos están destinados al Fondo Frisco para la lucha contra el crimen organizado.

Del otro lado, la congregación cristiana rechaza de plano la orden de restitución y ha movilizado todos sus recursos legales. Carlos Arturo Paternostro, abogado de la iglesia, fue claro durante el plantón: “Aquí hay un procedimiento irregular a todas luces. Se viola el debido proceso, se viola la Constitución”. Aunque el jurista aceptó que la iglesia “sí está en mora”, insiste en que la SAE no puede desalojar mientras exista un contrato de por medio. “Para adelantar el proceso tiene que haber una demanda ante juez judicial competente”, puntualizó, anunciando que la defensa ya presentó denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

La defensa de la iglesia añade un argumento de peso que busca equilibrar la balanza. Fernando Rodríguez Bernier, abogado de la fundación religiosa, afirmó que la congregación ha invertido aproximadamente $2.500 millones en adecuaciones, mantenimiento, vigilancia y recuperación del inmueble durante casi tres décadas de ocupación. Según esta versión, el Estado nunca atendió esos gastos, y dichas inversiones deberían ser consideradas en cualquier liquidación económica, planteando incluso la posibilidad de que se compensen frente a la deuda reclamada. Además, sostienen que parte de la mora se originó durante la pandemia de covid-19, cuando las actividades religiosas y comerciales estuvieron suspendidas.

La controversia escaló a la jurisdicción constitucional. A finales de abril, el Juzgado Octavo de Familia Oral de Barranquilla admitió una acción de tutela interpuesta por una integrante de la congregación y ordenó, como medida provisional, suspender temporalmente cualquier actuación dirigida a la restitución física del inmueble. Para la defensa de la iglesia, esta decisión judicial es una señal de que existen posibles vulneraciones a derechos fundamentales. “Esto demuestra que la judicatura está estudiando la situación”, manifestó Rodríguez Bernier. Sin embargo, la SAE ha reiterado que la comercialización del inmueble en subasta seguirá su curso, y que cualquier negociación futura deberá realizarse con el comprador que resulte adjudicatario.

Juan Joya