Petro y Cepeda cuestionan una eventual presencia de tropas estadounidenses, mientras Uribe y aliados de De la Espriella respaldan la cooperación.

El anuncio sobre operaciones militares entre Colombia y Estados Unidos abrió una nueva disputa política en el país. La controversia surgió tras las declaraciones del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró que Colombia solicitó apoyo para adelantar acciones conjuntas contra el narcoterrorismo.

El pronunciamiento se produjo después de que Colombia firmara, el miércoles 12 de agosto, su ingreso al Escudo de las Américas, iniciativa liderada por Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el continente. El acuerdo fue suscrito por el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora.

Hegseth afirmó que Colombia ya había solicitado la participación estadounidense para combatir a las organizaciones terroristas. “Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra (…) se sume en su lucha contra el narcoterrorismo”, sostuvo el funcionario.

La declaración provocó cuestionamientos en el Congreso. El senador Iván Cepeda acusó al Gobierno de Abelardo de la Espriella de poner en riesgo la autonomía del país y afirmó que el mandatario pretende “entregar nuestro gobierno, nuestro territorio y nuestra soberanía” a los intereses estratégicos de Estados Unidos.

El expresidente Gustavo Petro también cuestionó el anuncio. Según el exmandatario, una eventual autorización para el ingreso de tropas extranjeras no depende únicamente del jefe de Estado, sino que requiere la intervención de “el Senado de la República y, en su defecto, el Consejo de Estado”.

Petro dijo estar de acuerdo con la cooperación internacional contra el narcotráfico, pero puso un límite. “Colombia sabe más de lucha contra el narcotráfico que los EEUU”, afirmó, antes de advertir que esa colaboración no significa permitir que extranjeros vengan a matar colombianos.

La senadora Jennifer Pedraza decidió llevar el asunto a las instancias institucionales. Presentó una petición a los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa para que expliquen al país y al Senado el alcance del anuncio de Hegseth.

Desde el otro sector político, Álvaro Uribe respaldó el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos. El expresidente sostuvo que el apoyo en equipos, tecnología e inteligencia puede ayudar a recuperar territorios donde, según dijo, el Estado ha sido desplazado por organizaciones narcoterroristas.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, también respaldó la cooperación tecnológica y de inteligencia, aunque planteó una condición constitucional. “Si es con tropas, se necesita la aprobación del Senado”, afirmó, al referirse a las reglas para el tránsito o estacionamiento de fuerzas militares extranjeras.

El respaldo también llegó desde Salvación Nacional, partido aliado del Gobierno. La representante Carol Borda afirmó: “A los terroristas no se les abraza: se les enfrenta”, y defendió la cooperación con Estados Unidos en materia de inteligencia y operaciones contra el narcoterrorismo.

La controversia sigue abierta porque todavía no está claro qué significa exactamente ‘operaciones conjuntas’. El anuncio podría referirse a intercambio de inteligencia, tecnología y apoyo operativo, pero también podría involucrar presencia de personal militar estadounidense en territorio colombiano.

Si se contempla el ingreso, tránsito o permanencia de tropas, buques o aeronaves de guerra extranjeras, entrarían a operar los controles establecidos por la Constitución. El Senado tendría que intervenir, mientras el Consejo de Estado también tendría competencia en los casos previstos por el ordenamiento jurídico.

El debate pone nuevamente en el centro la relación militar entre Bogotá y Washington y el límite entre cooperación internacional y soberanía. La definición del alcance real del acuerdo será clave para determinar si Colombia enfrenta un nuevo escenario de cooperación militar o una eventual presencia de tropas estadounidenses en el país.

Sala Digital Colmundo