
Decálogo de la política exterior regenerada
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14 agosto, 2026Los ciudadanos serán enviados a Estados Unidos, Perú, Panamá y República Dominicana por delitos como narcotráfico, lavado y homicidio.
El presidente Abelardo de la Espriella firmó cinco extradiciones el pasado 12 de agosto, durante su primera semana de Gobierno. Las resoluciones autorizan la entrega de cinco ciudadanos solicitados por la justicia de Estados Unidos, Perú, Panamá y República Dominicana.
Las decisiones fueron expedidas por el Ministerio de Justicia mediante las resoluciones ejecutivas 308 a 312 de 2026. Los documentos autorizan el traslado de Diego Alberto Londoño, Armando Luis Suárez Calvo, Jorge Luis Mojica Ortiz, Roderick Aldair Morales Delgado y Didier Ignacio García Rodríguez.
El primer extraditado será Diego Alberto Londoño, solicitado por Perú para responder por el delito de tráfico de drogas ilícitas agravado. Según la resolución, no es requerido actualmente por autoridades judiciales colombianas y su captura se realizó con fines de extradición.
Estados Unidos solicitó a dos de los ciudadanos. Armando Luis Suárez Calvo será enviado para enfrentar un proceso por presunto concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos.
El segundo requerido por Estados Unidos es Didier Ignacio García Rodríguez, quien deberá comparecer a juicio por un proceso relacionado con el presunto concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína para su importación a ese país.
A República Dominicana será enviado Jorge Luis Mojica Ortiz, ciudadano dominicano-colombiano requerido para responder por una investigación por presunta violación sexual contra un menor de edad.
El quinto caso corresponde a Roderick Aldair Morales Delgado, quien será trasladado a Panamá para responder ante las autoridades de ese país por su presunta relación con un caso de homicidio agravado en grado de tentativa.
Las cinco decisiones muestran desde el comienzo del mandato una política de cooperación judicial con otros países frente a delitos de alcance transnacional. La administración de De la Espriella busca endurecer la respuesta estatal contra estructuras y personas investigadas por delitos graves.
Las extradiciones llegan después de otra decisión adoptada el día de la posesión presidencial. Varios internos de la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, fueron trasladados a otros establecimientos penitenciarios del país.
Entre los reclusos trasladados había señalados integrantes de la estructura conocida como la Oficina de Envigado, algunos relacionados con el denominado “tarimazo” del 21 de junio de 2025, cuando nueve jefes criminales y voceros de bandas de Medellín asistieron a un evento en La Alpujarra convocado por el entonces presidente Gustavo Petro.
Ese episodio hacía parte del espacio de diálogo sociojurídico que el anterior Gobierno adelantaba con estructuras criminales de Medellín. El nuevo Ejecutivo ha planteado un cambio en la manera de enfrentar a estas organizaciones.
Con las primeras cinco extradiciones, De la Espriella empieza a marcar su política frente al crimen organizado y la cooperación internacional. La aplicación de nuevas medidas judiciales y penitenciarias permitirá establecer hasta dónde llegará ese giro durante los próximos meses.
Sala Digital Colmundo




