El martes 16 de enero, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, reveló el documento en el que la Fiscalía General de la Nación lo cita a la conciliación con el actual mandatario, Gustavo Petro, donde deberán comparecer el próximo 30 de enero.
A través de su cuenta alterna de Twitter, ya que hace un mes su cuenta principal fue hackeada, Pastrana dio a conocer la citación, en la cual expresó que Petro está llevando a cabo una estrategia para “silenciar a la oposición, criminalizando la opinión”, por lo que el organismo fiscal lo citó el 30 de enero a audiencia de conciliación. “Por la denuncia que interpuso en mi contra, demostraré ante las autoridades la persecución de este gobierno. No me callará”, escribió.
Esta disputa inició el pasado mes de noviembre de 2023, cuando Pastrana aseguró que la campaña y presidencia de Gustavo Petro han estado vinculadas con el narcotráfico “bajo el velo de una farsa denominada paz total”. Tras estas declaraciones, el gobernante colombiano emitió su respuesta donde indicó que tomaría acciones legales.
Por consiguiente, el 7 de diciembre del mismo año, Petro introdujo una denuncia por los delitos de injuria y calumnia. “Quiero dejar claro que estas acusaciones son completamente falsas. No existe ninguna base de verdad en sus afirmaciones, y dichas declaraciones no reflejan en lo más mínimo la realidad de mi administración y los principios que la guían”, dijo el presidente en su momento.
Posteriormente, Andrés Pastrana publicó una carta que le envió al fiscal tras la denuncia. “El interés que está en juego es nada menos que el derecho a expresarse libremente, a la libertad de opinión y a la posibilidad de hacer oposición política en Colombia. Mi carta al fiscal ante la denuncia de Gustavo Petro por opinar”, manifestó.
Parte del documento se lee que “con este acto, el presidente busca instituir en Colombia el ‘delito de opinión’ y con su denuncia penal por opinar, pone en riesgo los más fundamentales derechos en los que se basa la democracia. Atacar penalmente la libertad de expresión y de pensamiento es una clara violación a los derechos humanos por parte de quien está obligado a protegerlos”.
Pastrana también aseguró que cree en la imparcialidad de la Fiscalía y que tiene toda la disposición de asistir ante esa entidad, para surtir la audiencia de conciliación.
Dayineth Molina