No solo  fueron los MI17: ahora una gasolinera militar por 20 mil millones salpica a exfuncionario de MinDefensa

El giro del caso, de cómplice a testigo estrella.

Todo comenzó como un contrato urgente para garantizar el mantenimiento de una flota estratégica de helicópteros MI-17 del Ministerio de Defensa. Hoy, ese proceso se ha convertido en uno de los casos más delicados de presunta corrupción en la cúpula militar reciente. Un caso, que ya incluía señalamientos técnicos y financieros, dio un importante giro : ahora hay un testigo que reconoce su participación. No solo ha entregado entrega pruebas sino que tambien habla de amenazas en su contra y abre la puerta a un segundo escándalo que supera los 20 mil millones de pesos.

El giro del caso, lo incia Diego Alejandro Manrique Cabezas. No se trataba de un funcionario menor. Fue asesor del entonces viceministro de Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto, y participó directamente en la estructuración del proceso contractual. Su nombre ya figuraba en los informes preliminares como parte del engranaje, pero en una audiencia dejó de ser un implicado más para convertirse en testigo clave de la Fiscalía.

Ante el juez, Manrique confesó que el contrato para el mantenimiento de las aeronaves fue el resultado de un esquema de corrupción diseñado para favorecer a la empresa estadounidense Vertol Systems Company. Según dijo, la compañía no cumplía con los requisitos técnicos, operativos, financieros ni jurídicos exigidos. A pesar de esto, el contrato se firmó. La Fiscalía le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Eso sí, a cambio de su colaboración, obtuvo un principio de oportunidad: un año de inmunidad penal y la suspensión de la persecución, condicionado a que declare contra sus antiguos superiores.

El origen de este caso se remonta a 2024, cuando el Mindefensa tenia que  mantener operativa la flota de helicópteros MI-17, aeronaves de fabricación rusa clave para misiones de transporte y logística en zonas de difícil acceso. La contratación directa con Vertol Systems Company generó dudas desde el principio. Al interior del Ministerio, varios funcionarios señalaron que la empresa no tenía la experiencia ni la capacidad financiera suficiente para asumir un contrato de tal  magnitud(32 millones USD). Aun así, esas alertas no detuvieron el millonario proceso. El contrato avanzó y los recursos públicos comenzaron a ejecutarse.

Durante la audiencia, además de la confesión, hubo un momento que marcó el tono del caso. Manrique pidió perdón. “Reafirmo mi compromiso de contribuir a que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos y se logre reparar la administración de justicia”, dijo ante el juez. Luego añadió: “reitero mi más excusa pública a todos ustedes, de verdad me siento sumamente apenado, espero no converger a continuar con las actividades delictivas”. Fue la primera vez que uno de los implicados en el caso MI-17 reconocía públicamente su responsabilidad.

Pero su colaboración no solo se limita a esta declaración. Tambien entregó pruebas: conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y documentos internos que, según la Fiscalía, mostrarían cómo se construyó una fachada de legalidad sobre un proceso irregular. El material ya fue avalado tanto por el ente acusador como por el juez de control de garantías.

Entre esos documentos hay uno que hoy se ha convertido en pieza clave y, al mismo tiempo, en uno de los mayores interrogantes del caso: un informe fechado en diciembre de 2024, elaborado por la dirección de contratación estatal del Ministerio de Defensa. En ese documento, el comité técnico estructurador advertía que Vertol no cumplía con los requisitos exigidos.Sin embargo, ese informe no aparece.

En la audiencia la Fiscalía informó que realizó más de cinco inspecciones al Ministerio de Defensa y el documento no ha sido encontrado. “Y lo importante de este documento, se les estaba diciendo que el contratista no cumplía con los requisitos ni financiera, ni técnica ni jurídicamente”, señaló. La implicación es directa: las advertencias existían antes de la firma del contrato.

Las revelaciones no se detienen ahí. Manrique también entregó nombres de funcionarios que, según la Fiscalía, conocieron las irregularidades y no actuaron. Entre ellos están María Camila Cardona Duque, Judith Stella Garzón Peña, Daniel Jiménez Fandiño y Mónica Janeth Nariño Segura. En esta parte, la fiscalía confirmó que se trata de personas con conocimiento directo del proceso. Aún quedan por vincular formalmente otros nombres, entre ellos el propio exviceministro Suárez, Herbert Buitrago, Hugo Mora y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.

Sumado a esto, la defensa de Manrique reveló un elemento adicional: el testigo habría sido víctima de intimidaciones. Según su abogado, existieron amenazas directas que comprometían tanto su integridad como la de su familia. De acuerdo con esta versión, esa situación generó un temor real que pudo influir en su comportamiento y en su decisión de colaborar con la justicia.

Pero el alcance del caso no se limita a los helicópteros. Con base en la información entregada, la Fiscalía confirmó la apertura de una nueva investigación penal contra el exviceministro Luis Edmundo Suárez y otros oficiales del Ejército Nacional. El nuevo frente tiene un escenario concreto: el Fuerte Militar de Tolemaida. El objeto del contrato en cuestión sería una gasolinera, con un valor que supera los 20 mil millones de pesos.

En cuanto al segundo caso conocido,  habrían iniciado  en septiembre de 2025. La Fiscalía sostiene que Suárez, incluso después de dejar el cargo, habría retomado o influido en un proceso contractual dentro del Ejército Nacional. Lo que abre una nueva línea de investigación.Por ahora, la imputación de cargos contra el exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto y el contratista James Lester Montgomerie, propietario de Vertol Systems Company, sigue pendiente y se espera que esa audiencia se lleve a cabo el próximo  el 21 de abril.

Juan Joya