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Tras la mesa técnica sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que no existe evidencia de uso irregular de estos recursos, en medio de un debate que sigue escalando sobre la financiación del sistema. Según afirmó, “esto no puede tomarse como una insuficiencia de la UPC”, respaldándose en que la Fiscalía no ha identificado conductas indebidas en el manejo de estos dineros.
En su intervención, el ministro centró la discusión en la falta de pruebas sobre irregularidades, cuestionando que, pese a ello, se insista en señalar una supuesta insuficiencia de la UPC. Además, advirtió que el debate se ha desviado hacia señalamientos individuales, cuando en realidad responde a “dinámicas estructurales que se han construido durante años” en el sistema de salud.
Desde el Gobierno, Jaramillo reiteró que la solución de fondo pasa por una transformación estructural del sistema, insistiendo en que la reforma a la salud sigue vigente. En esa línea, explicó que el proceso legislativo continúa, al señalar que “los senadores amigos pidieron que se apelara y la apelación tiene que ser ante la plenaria del Senado”.
Durante el balance de la jornada, el jefe de la cartera arremetió contra la Comisión Séptima del Senado, a la que responsabilizó por el estancamiento del proyecto. Aseguró que “el daño (…) al haber hundido en dos ocasiones la reforma, nos trae una situación como esta”, y sostuvo que tras casi cuatro años de discusión, la necesidad de la reforma es cada vez más evidente.
El ministro también defendió que el Gobierno había alcanzado consensos amplios con distintos sectores, producto de audiencias públicas y ajustes al articulado. Entre los cambios, destacó que las EPS no desaparecerían, sino que se transformarían, además de contemplar nuevas fuentes de financiación para fortalecer el sistema.
En términos económicos, Jaramillo explicó que la reforma incluía un aumento significativo de recursos, equivalente a un punto adicional del PIB. Según indicó, esto habría significado cerca de tres billones de pesos adicionales en 2025, destinados a saldar deudas y atender obligaciones pendientes del sector salud.
No obstante, el funcionario cuestionó el desarrollo de la mesa técnica, asegurando que el escenario fue utilizado por sectores con intereses particulares. “Nunca en la historia se había traído un ministro a responder por un supuesto desacato”, afirmó, reiterando que “cumplí absolutamente todas las órdenes de la Corte”. Además, criticó la participación de actores ligados a EPS, al señalar que “se lucran de ellas”.
El debate también se trasladó a las utilidades del sector. El ministro cuestionó que clínicas soliciten más recursos pese a registrar ganancias millonarias, al indicar que en 2024 habrían obtenido 5,2 billones de pesos y en 2025 unos 7,1 billones. “No se puede entender que vengan a pedir más plata”, enfatizó.
Finalmente, Jaramillo advirtió sobre presuntas inconsistencias en la información reportada por el sistema, que podrían inflar los costos. Denunció casos como “personas operadas múltiples veces sin justificación, facturación a fallecidos y sobrecostos en medicamentos”, lo que calificó como una “trampa” para exigir más recursos.
Según el jefe de la cartera, estas anomalías representarían diferencias económicas significativas, al señalar que solo en medicamentos y registros de fallecidos habría una brecha de cuatro billones de pesos. Además, indicó que la Contraloría ha identificado inconsistencias por hasta 14 billones que las EPS no han logrado explicar, lo que intensifica el debate sobre transparencia y sostenibilidad del sistema de salud en Colombia.
Sala Digital Colmundo
