“No hay evidencia de corrupción”: Fiscalía archiva caso contra Rendón por los CAI de Rionegro

¿Cómo es posible que una investigación por supuesta corrupción se demore años, genere tensión política y termine archivada porque nunca hubo pruebas?

La Fiscalía General de la Nación archivó definitivamente la indagación que tenía abierta contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por presuntas irregularidades en la contratación de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en el municipio de Rionegro, oriente antioqueño. El ente acusador concluyó que no existieron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales ni peculado por apropiación, cerrando así un proceso que se extendió por varios años.

La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por una veeduría ciudadana, que señalaba posibles actos de corrupción en las obras de los CAI Cuatro Esquinas y San Antonio. Los hechos bajo la lupa de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ocurrieron entre 2016 y 2019, período en el que Rendón se desempeñaba como alcalde de Rionegro, antes de ocupar la gobernación de Antioquia.

Tras analizar todos los elementos probatorios, la Fiscalía determinó que durante la administración municipal de Rendón se desarrollaron “mecanismos formales de supervisión y control institucional” sobre los tres contratos que contemplaban la construcción de los CAI. Según el texto de la decisión, no se encontraron evidencias que sustentaran las acusaciones de detrimento patrimonial o incumplimiento de los requisitos legales en los procesos contractuales.

El caso estuvo marcado por tensiones públicas entre el gobernador y la administración de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. En varias ocasiones, Rendón manifestó que la investigación avanzaba a “paso de liebre” en su contra, en contraste con la lentitud que, según él, caracterizaba los procesos contra funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso, en algún momento se especuló sobre un supuesto “chuzamiento” o interceptación ilegal de sus comunicaciones, versión que resultó ser falsa: las intercepciones a sus líneas telefónicas fueron avaladas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

La decisión de archivo de la Fiscalía de este 6 de mayo de 2026 va en la misma dirección de un fallo emitido a inicios de este año por la Contraloría General de la República. El órgano de control fiscal, encargado de vigilar la gestión de los recursos públicos, concluyó en ese entonces que no hubo ningún perjuicio patrimonial del cual fuera responsable Andrés Julián Rendón. La coincidencia entre ambos entes de control refuerza la tesis de que los contratos para la construcción de los CAI cumplieron con los requisitos legales y de supervisión exigidos.

Con este archivo, el gobernador de Antioquia queda desvinculado de cualquier responsabilidad penal en relación con estas obras. El ente acusador fue claro al señalar que en el curso de la actividad investigativa no se encontraron elementos que comprometieran la conducta de Rendón. La decisión, en firme, cierra un capítulo judicial que durante años generó controversia en la política regional y nacional, sin que se lograra probar irregularidad alguna en los contratos de infraestructura para la Policía en Rionegro.

Juan Joya