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Una pipeta de gas cerca de la Clínica Los Nogales casi explota. ¿Ese incidente justifica prohibir el uso de estos elementos en toda la ciudad? El Decreto 117 sostiene que sí.
La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 117 de 2026, una normativa que busca reorganizar, recuperar y preservar el espacio público en la capital. La medida, anunciada por la Secretaría Distrital de Gobierno, establece nuevas prohibiciones, crea zonas diferenciadas para la venta informal y endurece los controles contra economías ilegales que operan en distintos puntos de la ciudad.
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la iniciativa no está dirigida contra las personas vulnerables que ejercen el comercio ambulante, sino que busca ordenar una actividad que hoy genera caos y riesgos. “Esto no es un decreto contra las personas vulnerables que ejercen venta informal en el espacio público, con ellos queremos organizar. La ciudad necesita organización y así lo haremos. Sí vamos a combatir las mafias que existen hoy en el espacio público, las que subarriendan, las que ejercen o venden algún tipo de economía ilegal en el espacio público”, señaló el funcionario.
Entre las disposiciones más llamativas del decreto se encuentra la prohibición del uso de pipetas de gas en el espacio público sin autorización previa de las autoridades distritales. La decisión se tomó luego de un incidente ocurrido en inmediaciones de la Clínica Los Nogales, sobre la Autopista Norte con calle 94, donde una fuga de gas generó alarma entre los ciudadanos. Asimismo, el decreto prohíbe la comercialización de animales en la vía pública y restringe actividades consideradas de riesgo para la salud pública, como la realización de procedimientos de ortodoncia y odontología, peluquerías ambulantes, tatuajes y piercings en el espacio público. También se establecen restricciones frente al trabajo infantil y la venta de sustancias ilegales, conductas que serán objeto de control por parte de la Policía Metropolitana.
La norma introduce una transformación estructural en la gestión del espacio público mediante la creación de dos tipos de zonas claramente diferenciadas. Por un lado, estarán las Zonas de Manejo Especial, áreas donde por razones de seguridad, movilidad o tránsito de vehículos de emergencia no estará permitido el ejercicio de ventas informales. El concejal David Saavedra explicó que “estas zonas serán definidas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en un plazo máximo de seis meses y podrían incluir sectores cercanos a estaciones de policía, instalaciones militares, embajadas y despachos judiciales”.
Por otro lado, se crearán las Zonas de Aprovechamiento Económico, espacios donde sí se permitirá la venta informal bajo condiciones reguladas, con capacidad de ocupación definida por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP).
El decreto también tiene un enfoque social que, según la administración, busca equilibrar el orden urbano con la protección del mínimo vital de los vendedores. Saavedra subrayó que “a las Zonas de Aprovechamiento Económico llegarán también los vendedores que se deberán reubicar desde las Zonas de Manejo Especial, donde por seguridad no podrían estar”. De acuerdo con cifras del Instituto para la Economía Social (IPES), en Bogotá existen cerca de 20 mil vendedores informales, quienes podrán acceder a opciones como asignación de espacios autorizados, programas de formación laboral, vinculación a programas del IPES y servicios sociales del Distrito según su nivel de ingresos.
Apenas el Distrito publicó el decreto, decenas de vendedores ambulantes salieron a manifestarse en las calles de la capital. Desde las 10:30 de la mañana del lunes iniciaron bloqueos en la calle 34 con carrera 29 y al mediodía se desplazaron a la Calle 26, impidiendo el paso de buses de TransMilenio y ocasionando el cierre de estaciones, lo que afectó a miles de ciudadanos. Esmeralda Moreno, integrante del Consejo Distrital de Vendedores Informales, expresó el rechazo del gremio: “No aguantamos más normas que violan nuestro derecho al trabajo, nuestro mínimo vital y nunca nos tienen en cuenta.
Ahora, si en un espacio hay 100 vendedores y el DADEP dice que caben 10, sacan los otros 90 y ¿dónde los van a reubicar, qué alternativas les van a dar? No han dicho nada”. Otro vendedor que trabaja en el sistema TransMilenio, identificado como Óscar, añadió: “Nos quieren sacar de nuestro sitio de trabajo. Nosotros somos vendedores, no ladrones, no es justo que se gaste el presupuesto de la ciudad en policías que ataquen al vendedor informal”.
El Distrito aseguró que el decreto ha sido socializado con gremios y algunos vendedores informales, y que se han habilitado espacios de diálogo para ofrecer alternativas laborales y opciones de reubicación a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. El concejal David Saavedra recordó que la medida busca poner en marcha la “Revolución del Orden” prometida en campaña por el alcalde Carlos Fernando Galán, y que la expedición del decreto fue resultado de un proceso participativo que incluyó a los Consejos Locales y Distritales de Venta Informal, así como a distintos gremios económicos y sociales.
Sin embargo, algunos comerciantes informales han manifestado su inconformidad y anunciaron convocatorias a más manifestaciones para expresar su rechazo y solicitar ajustes en la reglamentación.
Juan Joya
