Gobierno evalúa un préstamo del FMI de hasta US$5.000 millones para aliviar la crisis fiscal
3 noviembre, 2026
Iván Cancino aseguró que otras altas cortes y organismos de control también enfrentan reducciones de recursos. El Gobierno estudiará las propuestas de la jurisdicción especial.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, rechazó que el recorte presupuestal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) responda a una persecución del Gobierno o a una intención de debilitar su funcionamiento. El pronunciamiento se produjo este martes, 3 de noviembre, en medio de los cuestionamientos de esa jurisdicción por la reducción de los recursos destinados a cumplir sus responsabilidades.
Cancino sostuvo que las restricciones financieras no afectan exclusivamente a la JEP. Según explicó, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Procuraduría también han enfrentado reducciones presupuestales.
El ministro señaló que ha escuchado a integrantes de las altas cortes expresar preocupación por la disminución de recursos e incluso hablar de persecución o desfinanciación. Sin embargo, defendió que estos ajustes deben entenderse dentro de las dificultades fiscales que atraviesa el Estado colombiano.
Con ese argumento, pidió que la situación de la JEP se analice en el contexto general de las finanzas públicas y no como una decisión dirigida específicamente contra la jurisdicción. Cancino negó que exista una intención de afectar su independencia o capacidad institucional.
Ministerio de Justicia revisará las solicitudes de la JEP
Pese a rechazar las acusaciones de persecución, el funcionario manifestó su disposición a revisar las preocupaciones planteadas por la presidenta de la JEP y estudiar las alternativas presentadas para atender las necesidades de la jurisdicción.
Cancino indicó que el análisis no debe limitarse a revisar documentos o plantear alternativas sobre el papel. El objetivo, según dijo, debe ser encontrar soluciones concretas que permitan mejorar la capacidad de respuesta de la administración de justicia.
El ministro insistió en que Colombia necesita instituciones judiciales capaces de ofrecer una justicia accesible, pronta y justa, con resultados verificables para los ciudadanos. Por eso, planteó que la discusión presupuestal debe traducirse en medidas que mejoren el funcionamiento de las entidades.
La financiación de la justicia, en el centro de la discusión
El debate se presenta en un momento en que las instituciones judiciales deben responder por sus competencias con recursos limitados. En el caso de la JEP, la preocupación está relacionada con la capacidad presupuestal necesaria para desarrollar sus funciones dentro del sistema de justicia transicional.
La respuesta de Cancino deja dos posiciones sobre la mesa: el Gobierno niega que el recorte sea una represalia contra la JEP, mientras la jurisdicción advierte sobre los efectos que la reducción de recursos puede tener en su operación.
El siguiente paso será determinar qué propuestas pueden convertirse en soluciones presupuestales y cómo se atenderán las necesidades de las instituciones judiciales frente a las restricciones fiscales del Estado. De ello dependerá que la discusión no se quede en un cruce de declaraciones y se traduzca en medidas para garantizar el funcionamiento de la justicia.
