“Cinco crisis al borde del colapso”: Oviedo sacude la campaña y advierte lo que viene para Colombia
28 abril, 2026
Un contundente golpe a las finanzas ilegales sacude al sector comercial colombiano. La Fiscalía General de la Nación destapó un presunto entramado criminal vinculado a la reconocida marca de ropa íntima femenina Lili Pink, señalada de facilitar el ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país. El operativo dejó como resultado el embargo de más de 400 tiendas y locales comerciales, en una acción coordinada con el CTI en distintas regiones.
Las autoridades identificaron una compleja red empresarial que habría operado bajo apariencia legal. Según la investigación, el conglomerado utilizaba importadoras, comercializadoras y empresas de papel para ocultar el origen del dinero, introduciendo productos como ropa, juguetes y cosméticos al mercado nacional. Estas maniobras, de acuerdo con los fiscales, buscaban simular transacciones y dificultar la trazabilidad de los recursos, permitiendo su incorporación al sistema financiero.
El impacto económico del presunto esquema ilegal es millonario. La Fiscalía documentó un lavado de activos superior a los $730.000 millones, además de un enriquecimiento ilícito que superaría los $430.000 millones. A esto se suman decomisos de mercancía por más de $54.000 millones y un posible contrabando cercano a los $75.000 millones, lo que evidencia la magnitud de la operación.
El proceso judicial avanza con órdenes de captura en curso. Las autoridades confirmaron que ya fueron solicitadas medidas de aseguramiento contra varios implicados, mientras agentes de policía judicial ejecutan las capturas. Este caso se perfila como uno de los más grandes en materia de delitos fiscales y lavado de activos en los últimos años en el país.
En total, 405 locales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad fueron afectados con medidas cautelares. Estos bienes, según la Fiscalía, seguirán operando mientras se adelanta el proceso de extinción de dominio, bajo supervisión de las autoridades. Las diligencias se realizaron en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional.
El caso abre un nuevo capítulo en la lucha contra el lavado de activos en Colombia. Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades buscan establecer la totalidad de los responsables y el alcance real de esta red, en un escándalo que podría tener repercusiones económicas y legales de gran alcance.
Sala Digital Colmundo
