Ley de Sometimiento supera último debate en el Congreso y queda lista para sanción presidencial

La Cámara aprobó el proyecto con 95 votos a favor y 10 en contra, respaldando el mismo texto del Senado y evitando una conciliación.

La Ley de Sometimiento superó su último trámite en el Congreso de la República este martes 3 de noviembre, luego de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto con 95 votos a favor y 10 en contra. La corporación respaldó el mismo articulado que había avalado el Senado, por lo que la iniciativa quedó lista para pasar a sanción presidencial este miércoles 4 de noviembre.

La aprobación llegó después de más de 12 horas de discusión en la plenaria y una jornada contrarreloj para completar el trámite legislativo antes del vencimiento de su vigencia. La votación permitió cerrar el paso por las dos cámaras sin necesidad de conformar una comisión de conciliación.

El texto aprobado incorpora condiciones para que los integrantes de organizaciones criminales puedan acceder a beneficios judiciales. Entre ellas figura el requisito de haber cumplido al menos seis años de pena para acceder a beneficios por delitos como el lavado de activos y la exclusión de quienes sean responsables del reclutamiento de menores de edad.

La iniciativa también establece que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tendrá a su cargo la reclusión de los beneficiarios. Los mandos de las organizaciones deberán cumplir una pena mínima de diez años, mientras que las rebajas contempladas serán diferenciadas: 50 % para integrantes de base y 30 % para los cabecillas.

Otro de los ajustes consistió en retirar las disposiciones relacionadas con gastos reservados y recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), además de eliminar el artículo 25. También se incorporaron medidas para evitar que municipios y departamentos deban asumir nuevas cargas económicas por la implementación de la ley.

Gobierno defiende las condiciones para el sometimiento

Tras la votación, el ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino, destacó que el Gobierno consiguió sacar adelante el proyecto después de un debate en el que se incorporaron proposiciones de sectores de oposición.

El funcionario insistió en que el articulado establece restricciones para las organizaciones criminales y descartó que el mecanismo contemple suspender órdenes de captura o extradiciones. También señaló que los responsables del reclutamiento de menores quedarán excluidos de los beneficios.

“No hay suspensión de órdenes de captura, no hay suspensión de extradiciones, cero devolución, protección a los menores, penas fuertes para los reclutadores, tienen que entregar todos los bienes y se les devuelve cero peso”, aseguró Cancino.

El ministro explicó que las rebajas de pena dependerán de los compromisos que cumplan quienes decidan someterse a la justicia. Entre ellos mencionó la entrega de bienes, información sobre personas desaparecidas y secuestradas y otros aportes que permitan esclarecer hechos relacionados con las actividades de las organizaciones criminales.

Cancino felicitó al Congreso por la aprobación y manifestó que el Gobierno esperaba completar la revisión final del articulado para que la iniciativa pudiera convertirse en ley el 4 de noviembre de 2026.

Daniel Briceño cuestiona el proyecto y habla del fin de la Paz Total

Desde la oposición, el representante a la Cámara y ponente Daniel Briceño, del Centro Democrático, destacó que el proyecto establece condiciones diferentes frente a los mecanismos de negociación y sometimiento utilizados durante el anterior Gobierno.

“Hoy finaliza la paz total del anterior Gobierno, inicia un nuevo sistema en el cual los delincuentes tienen que literalmente someterse y acogerse a las condiciones que el Congreso de la República pone”, afirmó el congresista.

Briceño enumeró cuatro diferencias que, a su juicio, marcan el alcance de la iniciativa: la ausencia de gestores de paz, la eliminación de mesas de negociación, la continuidad de las órdenes de captura y extradición y la exclusión de beneficios para quienes hayan reclutado menores de edad.

Sobre este último punto, el representante insistió: “Aquí ningún reclutador de menores tendrá ninguno de los beneficios que trae esta ley”.

Recusaciones y discusión por el artículo 25

La plenaria también estuvo marcada por una controversia alrededor de las recusaciones presentadas contra 43 representantes a la Cámara. La Comisión de Ética declaró improcedentes esos recursos, decisión que permitió a los congresistas continuar participando en la discusión y votación del proyecto.

El representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, pidió compulsar copias a la Fiscalía para que investigue a quienes promovieron las recusaciones. El congresista calificó el procedimiento como una “marrulla” y solicitó que las autoridades judiciales examinen lo ocurrido.

En el debate también se discutió la eliminación del artículo 25, decisión que coincidió con la adoptada previamente por el Senado. La plenaria avanzó después con la votación de dos artículos nuevos y completó el articulado de la iniciativa.

Con el respaldo del mismo texto en Senado y Cámara, la Ley de Sometimiento cerró su recorrido legislativo y quedó a la espera de la sanción presidencial. Su entrada en vigencia dependerá de ese último paso y de las disposiciones que finalmente queden establecidas en el texto promulgado.

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