Juez sanciona a Gustavo Petro por desacato a tutela: deberá pagar multa y aún debe retractarse

Un nuevo revés judicial enfrenta el presidente Gustavo Petro, luego de que un juez administrativo de Bogotá lo declarara en desacato por no cumplir una orden de tutela que le exigía retractarse y ofrecer disculpas públicas. La decisión está relacionada con señalamientos realizados contra el exgerente de la EPS Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, y advierte que la obligación sigue vigente y podría derivar en nuevas sanciones.

El fallo fue emitido por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, dentro de un incidente de desacato derivado de una acción de tutela presentada por González Montaño. La autoridad judicial concluyó que el mandatario no acató la orden de retractación dentro del plazo establecido, pese a que esta ya había sido ratificada en segunda instancia.

De acuerdo con el expediente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había protegido los derechos fundamentales a la honra, buen nombre y debido proceso del exgerente de Coosalud mediante una decisión del 11 de noviembre de 2025. En esa sentencia, se ordenó al presidente rectificar sus afirmaciones y presentar excusas públicas en un término de cinco días, instrucción que, según el juzgado, no fue cumplida.

Sanción impuesta al presidente

En la parte resolutiva, el juez determinó que Gustavo Petro incurrió en desacato a una orden judicial, lo que conlleva consecuencias inmediatas. Como sanción, se le impuso una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de otras medidas procesales.

El despacho también ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para surtir el grado jurisdiccional de consulta, lo que permitirá revisar la decisión adoptada. Asimismo, el fallo advierte que en caso de persistir el incumplimiento, el juez podrá adoptar nuevas medidas, lo que deja abierta la puerta a sanciones adicionales.

Origen del conflicto: señalamientos contra Coosalud

El incidente de desacato tiene origen en una serie de declaraciones y publicaciones realizadas por el presidente en la red social X y en una alocución oficial. En ellas, Petro se refirió a Jaime Miguel González Montaño en términos altamente cuestionados, calificándolo como un “bandido” y responsabilizándolo por el deterioro financiero de la EPS.

Según lo expuesto en el proceso, el mandatario aseguró que la deuda de Coosalud habría crecido de forma significativa durante 2024, alcanzando cerca de 2.600 millones de pesos, lo que —en su criterio— evidenciaba un manejo irregular de los recursos.

Adicionalmente, el presidente atribuyó a la junta directiva de la EPS decisiones como el presunto direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa en el exterior, así como la aprobación de préstamos personales a favor de González Montaño por más de 220.000 millones de pesos.

En esos mismos pronunciamientos, Petro indicó que una investigación habría sido trasladada a la Fiscalía por parte del entonces superintendente de salud, Giovanni Rubiano. Sin embargo, durante el proceso judicial no se aportaron pruebas que confirmaran la radicación formal de dicha denuncia, lo que fue tenido en cuenta dentro del análisis del caso.

Un fallo con efectos aún vigentes

El juzgado fue enfático en señalar que la orden de retractación y disculpas públicas sigue en firme, por lo que el presidente aún está obligado a cumplirla. De no hacerlo, podría enfrentarse a nuevas decisiones judiciales que agraven su situación jurídica.

Este caso se suma a una serie de controversias recientes en torno a las declaraciones del mandatario, y reabre el debate sobre los límites del discurso público y la responsabilidad de los altos funcionarios frente a los derechos fundamentales de terceros.

Sala Digital Colmundo