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La jurisdicción advierte que la iniciativa podría sustituir la Constitución y generar inseguridad jurídica para militares comparecientes.
La JEP pidió al Congreso hundir el acto legislativo que plantea una revisión automática de sus sentencias contra miembros de la Fuerza Pública, durante la discusión de la iniciativa en la Comisión Primera del Senado. El magistrado Camilo Suárez advirtió que entregar esa facultad a la Justicia Penal Militar podría afectar la estructura de cierre judicial prevista para la Jurisdicción Especial para la Paz.
La propuesta busca que las sentencias emitidas por el Tribunal para la Paz contra uniformados puedan ser revisadas de manera automática por la Justicia Penal Militar, una modificación que la JEP considera incompatible con las competencias asignadas a cada jurisdicción.
Ante los senadores, Suárez sostuvo que un tribunal de menor jerarquía no podría modificar las decisiones de una jurisdicción creada como parte del sistema de justicia transicional. El magistrado señaló que el Tribunal Superior Militar tiene categoría de tribunal de distrito judicial y que el cierre de esa jurisdicción corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
La disputa por quién puede revisar las sentencias
La posición de la JEP parte de una diferencia de competencias entre la justicia transicional y la justicia castrense. Suárez explicó que la iniciativa permitiría que un tribunal militar investigue, revise o modifique decisiones de una alta instancia de la JEP.
El magistrado también recordó que la Justicia Penal Militar tiene límites frente a delitos cometidos durante el conflicto armado. Según explicó, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario no corresponden a la jurisdicción castrense.
“A esta jurisdicción se le otorgó la competencia para investigar graves y masivas violaciones de derechos humanos, graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, sostuvo Suárez al defender las competencias de la JEP frente a la propuesta.
El debate alcanza directamente a los militares que comparecen ante la jurisdicción transicional. La JEP sostiene que esos procesos deben permanecer bajo un tribunal autónomo e independiente, especialmente cuando se investigan conductas relacionadas con graves violaciones de derechos humanos.
JEP advierte posible sustitución de la Constitución
El cuestionamiento de la jurisdicción no se limita a las competencias judiciales. Suárez planteó que el acto legislativo podría superar los límites que tiene el Congreso para modificar la Constitución y convertirse en una eventual sustitución de la Carta Política.
“Una iniciativa de esta naturaleza podría considerar desde nuestra postura que hay un juicio de sustitución particularmente a la Constitución”, afirmó el magistrado, al referirse a las garantías de las víctimas, la seguridad jurídica y la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar.
La JEP también advierte un efecto sobre los propios miembros de la Fuerza Pública que actualmente comparecen ante ella. Suárez aseguró que la reforma podría generar inseguridad jurídica para quienes ya están sometidos al sistema y cumplen con sus obligaciones.
El magistrado sostuvo que existe un universo amplio de militares comparecientes que está respondiendo ante la jurisdicción y avanzando en la definición de su situación jurídica. Algunos casos ya tienen sentencias en ejecución y otros han terminado mediante decisiones como la renuncia a la persecución penal.
La reforma inicia su trámite en el Senado
La discusión llega al Congreso mientras la ponencia positiva del acto legislativo ya fue radicada y espera el inicio formal del primer debate en la Comisión Primera del Senado.
La iniciativa representa uno de los primeros intentos de modificar de manera sustancial el esquema de juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública sometidos a la JEP. Su trámite deberá definir si el Congreso mantiene la propuesta de revisión automática o introduce cambios frente a las objeciones planteadas por la jurisdicción.
Para la JEP, el punto central será preservar la autonomía de las decisiones adoptadas dentro del sistema de justicia transicional. Para los militares comparecientes, el resultado también puede definir el marco jurídico bajo el cual continuarán sus procesos y la estabilidad de las decisiones que ya han sido adoptadas.
