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La Jurisdicción Especial para la Paz identificó dos patrones de criminalidad en Bogotá entre 1985 y 1993, relacionados con asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y persecución política.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a reconocer su responsabilidad por crímenes contra la Unión Patriótica (UP) y otras organizaciones políticas y guerrilleras. La decisión se relaciona con hechos ocurridos en Bogotá entre 1985 y 1993, cuando los comparecientes integraban unidades de inteligencia militar que posteriormente conformaron la Brigada XX.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas estableció dos patrones macrocriminales sistemáticos que incluyeron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y persecución contra integrantes de la UP y miembros de las guerrillas del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Farc-EP.
En el primer patrón, la magistratura documentó 14 hechos que dejaron 18 víctimas. En el segundo, identificó otros 13 hechos con 15 víctimas. Estos hallazgos hacen parte de las investigaciones que adelanta la jurisdicción sobre la violencia contra organizaciones políticas y los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública durante el conflicto armado.
General (r) Iván Ramírez será remitido a investigación
En una decisión paralela, la JEP ordenó remitir el expediente del general retirado Iván Ramírez Quintero a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). La magistratura consideró que tuvo una participación determinante en el diseño y ejecución de los dos patrones criminales.
La remisión se produjo después de que la Sala estableciera que el oficial en retiro se negó a aportar verdad plena, detallada y exhaustiva sobre su participación en estos hechos. Por esta razón, su situación seguirá el trámite adversarial previsto por la jurisdicción.
Las investigaciones están vinculadas al Caso 06, que aborda el genocidio contra la Unión Patriótica, y al Caso 08, que estudia crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares.
Ocho exmilitares tienen 15 días para responder
Los ocho comparecientes llamados por la JEP cuentan con 15 días hábiles para informar si reconocen su responsabilidad y aceptan las imputaciones o si controvierten los resultados de la investigación.
Durante ese mismo plazo deberán presentar información concreta y un plan detallado que contribuya a la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas. La Sala también les exigió aportar elementos que permitan avanzar hacia la entrega digna de las víctimas a sus familiares.
El camino judicial dependerá de la respuesta de los antiguos integrantes del Ejército. Si aceptan los cargos, el proceso avanzará hacia una Resolución de Conclusiones y la imposición de sanciones propias de carácter restaurativo.
En caso de que rechacen las imputaciones, la investigación pasará a un juicio adversarial ante la UIA. En ese escenario, los procesados podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión, según las condiciones previstas para este tipo de procedimiento.
La decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento de la persecución contra la Unión Patriótica y otras organizaciones durante el conflicto armado. También pone en el centro la responsabilidad de las antiguas estructuras de inteligencia militar y la necesidad de establecer el paradero de quienes fueron víctimas de desaparición forzada. La respuesta de los ocho comparecientes será determinante para definir si el caso avanza por la vía restaurativa o hacia un juicio penal.
Sala Digital Colmundo
