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12 noviembre, 2026La Corte Constitucional mantuvo vigente la emergencia decretada tras el sismo del 10 de agosto de 2026, pero restringió su alcance territorial y el destino de los recursos públicos para atender la tragedia.
La Corte Constitucional avaló el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que declaró el Gobierno nacional después del terremoto del 10 de agosto de 2026. La decisión permite mantener las facultades extraordinarias para atender la calamidad, pero establece límites para evitar que el Ejecutivo las utilice en asuntos que no tengan relación directa con los daños ocasionados por el sismo.
El pronunciamiento quedó consignado en la sentencia C-366 de 2026, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González. La Sala Plena examinó los decretos 1261 del 19 de agosto y 1348 del 31 de agosto de 2026, mediante los cuales el Gobierno declaró la emergencia y modificó su cobertura territorial.
La emergencia solo cubrirá territorios con daños comprobados
Uno de los principales condicionamientos de la Corte tiene que ver con la cobertura geográfica. Las facultades extraordinarias solo podrán aplicarse en los municipios que registraron afectaciones por el terremoto y sus réplicas, de acuerdo con los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El Gobierno también podrá incluir otras poblaciones de los departamentos contemplados en la declaratoria, pero deberá presentar soportes técnicos que demuestren que esos territorios sufrieron daños relacionados con el fenómeno natural. De esta manera, la Corte busca evitar que la emergencia se extienda a zonas sin afectaciones acreditadas.
Otro límite establece que el Ejecutivo no podrá aprovechar la emergencia para resolver problemas que existían antes del terremoto. En particular, quedan excluidas las medidas estructurales relacionadas con el sistema penitenciario y carcelario, así como la financiación de asuntos que no tengan relación directa con la calamidad.
La reconstrucción de infraestructura también quedó sujeta a condiciones. El Gobierno deberá demostrar que los mecanismos ordinarios son insuficientes y que las obras propuestas responden directamente a la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.
Hacienda tendrá 20 días para recalcular los recursos
La sentencia también impuso condiciones sobre el manejo del presupuesto destinado a atender la emergencia. El Ministerio de Hacienda tendrá 20 días hábiles, contados desde la publicación del comunicado de la decisión, para recalcular el costo de la calamidad y establecer cuánto dinero se necesita para responder a sus consecuencias.
Además, las entidades que ordenen gastos deberán justificar por qué no pueden utilizar los mecanismos ordinarios de financiación. La Corte también exigió implementar un sistema de seguimiento independiente a los recursos públicos, que permita a los organismos de control conocer permanentemente cómo se están utilizando.
La decisión incluye un llamado al presidente de la República para que adopte y ejecute un plan de recuperación de los territorios afectados. La reconstrucción deberá contar con una planeación financiera de varios años, de manera que las intervenciones no dependan únicamente de las medidas extraordinarias.
Siete magistrados respaldaron la decisión
La Sala Plena aprobó la sentencia con siete votos a favor y uno en contra parcialmente. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar salvó parcialmente su voto, mientras que Vladimir Fernández Andrade presentó una aclaración.
Con este pronunciamiento, la Corte Constitucional respalda la declaratoria de emergencia, pero delimita las facultades del Ejecutivo y establece controles sobre el gasto. El desafío del Gobierno será garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades afectadas y que la reconstrucción avance sin utilizar la emergencia para financiar necesidades ajenas al terremoto.
Sala Digital Colmundo




