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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) busca investigar crímenes no amnistiables cometidos por las extintas guerrillas de las FARC. En el marco del caso 10, indagará todo lo relacionado con el atentado del grupo narcoterrorista el 7 de agosto de 2002 en la ciudad de Bogotá, cuando Álvaro Uribe Vélez en ese entonces se posesionó como presidente de la república en la Plaza de Bolívar.
El suceso, ocurrido en Bogotá, específicamente en la calle del Cartucho, resultó en la trágica pérdida de 17 vidas y dejó a más de sesenta personas heridas. El incidente involucra un ataque con 14 proyectiles de 120 milímetros tipo rockets o morteros llevado a cabo por un grupo guerrillero durante la toma de posesión de Uribe en su primer mandato presidencial.
La Sala de Reconocimiento de la JEP se propone “identificar y localizar, con datos de contacto, a todas las víctimas directas e indirectas de los acontecimientos del 7 de agosto de 2002”, la mayoría de las cuales eran personas en situación de calle.
El objetivo del ataque, presuntamente ejecutado por las FARC, era intimidar a Álvaro Uribe Vélez, buscando una intervención humanitaria. Sin embargo, ante esta situación, el líder de derecha declaró la conmoción interior en el país y fortaleció la respuesta armada contra las FARC.
Es relevante destacar que la JEP solicitará la investigación de documentos y archivos de la Policía, el Batallón de Infantería, la Guardia Presidencial y otras entidades relacionadas con la posesión de Uribe y los ataques con morteros por parte de las FARC.
Además, es importante señalar que el 12 y 13 de agosto próximo, exintegrantes de las FARC, como Rodrigo Londoño Echeverry, Floresmiro Burbano, Jaime Tapiro García, José Edwin Aldana, Herminsul Arellán Barajas, Fernando Arellán Barajas, Milton de Jesús Toncel y Fabián Ramírez Cabrera, serán citados para abordar sus crímenes no amnistiables durante su participación en el grupo narcoterrorista.
La posesión presidencial de Álvaro Uribe el 7 de agosto de 2002 fue históricamente significativa por diversos motivos, incluyendo los desafíos de seguridad que marcaron la ceremonia. En un momento en que Colombia enfrentaba intensos desafíos de seguridad debido al conflicto armado interno, la asunción de Uribe como presidente se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. A pesar de estos esfuerzos, se registraron incidentes preocupantes.
Minutos después de la posesión oficial de Uribe, uno de los inconvenientes más graves ocurrió. La guerrilla de las FARC lanzó morteros contra la Casa de Nariño y sus alrededores, donde se celebraba la ceremonia de investidura. Este atentado, dirigido aparentemente a la Plaza de Bolívar y la Casa de Nariño en Bogotá, buscaba perturbar este acto simbólico de transición del poder ejecutivo. A pesar de que el ataque no logró impactar directamente los puntos centrales de la ceremonia debido a errores de cálculo en el lanzamiento de los explosivos, causó la muerte de aproximadamente veinte personas, en su mayoría residentes de barrios cercanos, y dejó a más de cincuenta heridos.
Los crímenes no amnistiables se refieren a delitos de extrema gravedad que las leyes nacionales e internacionales excluyen de la posibilidad de recibir amnistía. Este perdón legal se concede a individuos o grupos que han cometido delitos, generalmente en contextos de conflicto armado, con el propósito de avanzar hacia la pacificación y reconciliación. Sin embargo, debido a la gravedad inherente de ciertos crímenes, otorgar amnistía se considera contrario a la justicia, al Estado de derecho y al respeto de los derechos humanos.
Paola Martínez Burgos
